Mientras no se resuelva el conflicto con la Municipalidad, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) no firmará nuevas factibilidades de obra para proyectos inmobiliarios en la ciudad. Lo afirmó el ministro Guillermo Coco, quien ratificó el plan de dejar la operación de las redes de agua y cloacas en la ciudad.

Negó que exista una "deuda histórica" en inversiones del EPAS, ya que si bien los problemas que existen tienen que ver con el mantenimiento, para el gobierno provincial esto último es una obligación del Municipio y no del EPAS. "De 2007 a la fecha tenemos invertidos casi 470 millones de pesos", afirmó Coco, y dijo que el Municipio se ha ocupado de otras inversiones, pero que al menos en los últimos diez años no destinó partidas a resolver los problemas de infraestructura de la red de agua y cloacas. "No puede hablar el Municipio de una deuda del EPAS. Que me digan dónde está escrito, cuando la Provincia nunca tuvo la obligación de hacerlo. Sí tomó la obligación, que no la tenía y que el Municipio nunca quiso tomar", agregó.

Freno inmobiliario

"El EPAS no está dando factibilidades ni las va a dar hasta tanto esté resuelto el problema hacia el futuro. No voy a dar una factibilidad a una torre de 20 pisos o de un barrio privado, semi público o público si no tengo la planta de tratamiento. No voy a volcar líquido crudo al río", apuntó Coco respecto de uno de los temores que planteó el intendente Quiroga el viernes, tras una serie de reuniones con referentes de cámaras empresarias de la ciudad. El funcionario provincial aclaró que, en cualquier caso, el EPAS conservará el manejo de las plantas de tratamiento y del canal Mari Menuco, pero como el sistema de cloacas está funcionando a tope ("se trata el 100%, pero no están las obras para el crecimiento de la ciudad", dijo), no se dará el visto bueno a nuevos desarrollos.

Con tantos frentes abiertos, deslizó que la única opción para llegar a un acuerdo con el Municipio es presupuestaria. Consideró que no falta inversión de parte del EPAS sino del municipio, en tanto que "la Constitución dice que es el responsable de atender los servicios de agua y saneamiento", y le puso una cifra al problema: entre 80 y 100 millones de pesos al año. Es ese el dinero que, según Coco, le cuesta el Municipio de Neuquén al EPAS y es ese el monto del que tendría que disponer el intendente si la empresa se retira de la ciudad.

Entonces, para firmar el contrato de concesión, todo depende de ajustar los números. En esa línea, el ministro volvió a rechazar el modelo de concesión que en 2012 le presentó el municipio. "Ya dijimos que no estamos de acuerdo. Puede haber otro contrato, pero la pelota no la tiene la Provincia. La tiene el poder concedente, que es el municipio. Y en eso tiene dos posibilidades: o acordar con nosotros un contrato de concesión equilibrado y en función de lo que el gobierno de la Provincia puede o pretende, o bien tienen la libertad de salir a concesionar el servicio. Pero insisto: tiene que ser equilibrado, porque tampoco es que vamos a imponer nosotros las condiciones", sostuvo el funcionario