El Tribunal de Contralor apunta a evitar que se reiteren los incumplimientos de funcionarios públicos, encargados de la administración municipal. Con ese objetivo, según información a la que accedió ANB, el organismo de control elevará al Concejo Deliberante un Proyecto de Ordenanza modificatorio de la normativa vigente.

En líneas generales, esos cambios girarán en torno al significativo aumento del monto de las multas y además, en caso de daño al erario público, el funcionario deberá resarcir al Estado, con el monto equivalente al perjuicio producido.

Los tres miembros del Tribunal de Contralor están abocados, junto al asesor letrado del cuerpo, a darle un marco legal a las significativas modificaciones normativas previstas.

Para eso, se basan en distintos casos testigo en los que las limitaciones para la aplicación de multas impidió que se resarciera al erario público con montos equivalentes al daño producido.

Por ejemplo, en el año 2011, el Tribunal de Contralor condenó a Juan José Deco, ex secretario de Economía municipal, a pagar 2 mil pesos de multa, al encontrarlo responsable del manejo indebido de una cuenta con fondos por 550 mil pesos. Para el organismo, quedó demostrado que -en 2010- el funcionario desvió esos recursos, remitidos con destino específico, y que fueron utilizados para equilibrar la cuenta de Rentas Generales.

En 2012, el organismo de control condenó al ex Intendente Marcelo Cascón, y al ex titular de la Secretaría de Economía, Jorge Temporetti, al pago de 2 mil pesos cada uno, por “actuar fuera de las normas y ordenanzas” e “incumplir los deberes de funcionarios públicos”. La causa corresponde a la contratación irregular de la empresa de seguridad Ultravisión -por más de 683 mil pesos- que en 2008, inició sus actividades en el vertedero municipal.

Hasta el momento, el Contralor puede aplicar multas, sin perjuicio de la reparación del daño, de hasta el 20 por ciento de la retribución mensual del funcionario.

Las modificaciones normativas, alcanzarían -como hasta ahora- a aquellos responsables de transgresiones legales o reglamentarias cuando hayan causado perjuicio a la hacienda pública. También a aquellos que desobedecieran resoluciones; y a los responsables morosos de rendiciones de cuentas, una vez vencido el término establecido.

Actualmente, en todos los casos, la sanción aplicada es puesta en conocimiento del superior jerárquico del agente sancionado y no obstaculiza los procedimientos del juicio de cuentas o de responsabilidad que pudieren corresponder.

En tanto, cuando en el juicio de responsabilidad no se acreditaran daños para la hacienda pública, pero sí procedimientos administrativos irregulares, el Tribunal de Contralor también impone multa al responsable.

No obstante estas sanciones económicas, el Contralor tiene además, la facultad de presentarse como parte querellante en una denuncia penal contra el funcionario público infractor, si es que durante el juicio de responsabilidad o tras su sentencia (emitida por el organismo de control), se presume la comisión de algún delito.