“El conflicto habitacional ocasionado en el predio de Abasto (y que afortunadamente encontró una camino de resolución posible a través de la expropiación) sólo es un emergente de una problemática que en nuestra ciudad se refleja en la existencia de 118 asentamientos y villas, de acuerdo a datos oficiales”, explicaron a INFOBLANCOSOBRENGRO los impulsores del documento que aborda esta problemática y que coordinan acciones para dar solución al déficit que señalan.

“Miles de familias tienen dificultades para alquilar, y aquellas que alquilan tienen que gastar cerca de la mitad de su salario para tener un techo, entre otras situaciones que afectan la calidad de vida ciudadana”, agregaron.

“Ante esta situación nos unimos para solicitar la convocatoria al “Consejo Local de Tierra y Hábitat”, un órgano multisectorial planteado en la ordenanza N° 11.218 (que todavía no se ha implementado) para plantear la puesta en marcha de soluciones concretas que incluso ya se han llevado a cabo en otros distritos de la provincia con resultados favorables en cuanto a avanzar en la posesión segura de la tierra y la vivienda.

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Documento del Encuentro de Organizaciones por un Hábitat Justo en La Plata

Pensar en un hábitat digno para el conjunto de la población que habita un territorio, implica partir del concepto de acceso universal a la tierra y a la vivienda conjuntamente a las infraestructuras básicas que otorgan sostenibilidad en el territorio habitado, es decir, los equipamientos sociales, los servicios y los espacios de trabajo y producción en un marco de respeto por los componentes culturales y simbólicos de la población y de la protección ambiental considerando su geografía, ya sea en el medio urbano como en el medio rural.

Las dificultades para el acceso a un hábitat digno como así también, una planificación territorial sostenible y equitativa, tiene su principal obstáculo en las pautas impuestas por el mercado inmobiliario, alimentando expectativas de renta especulativa y de este modo elevando sistemáticamente y artificialmente los precios del suelo.

Estas pautas impuestas por el mercado inmobiliario, no han encontrado hasta el

momento impedimento alguno en su estrategia territorial, pero si han logrado promover un continuo proceso de segregación urbana, contexto en el que tienden a crecer las tomas de tierra, la informalidad y la desigualdad.

Las dificultades de acceso a un hábitat digno que se han dado a lo largo de la

historia, han afectado a importantes sectores de la población, principalmente, a las poblaciones más humildes de nuestra sociedad, donde se puede observar una desigualdad injusta en el territorio impactando fuertemente en mujeres, niños y ancianos. La Argentina, durante la última década ha tenido una política más activa, incrementando la inversión pública en infraestructura y vivienda en todo el territorio nacional. La puesta en marcha del Pro.Cre.Ar, la creación de la Secretaria de Acceso al Hábitat a nivel federal, abre expectativas en la implementación de políticas de inclusión las que deberán ser acompañadas por el debate parlamentario y la sanción de propuestas legislativas de gestión territorial (como las presentadas por el colectivo Habitar Argentina y la de ordenamiento territorial elaborada por el Consejo Federal de Planificación – COFEPLAN).

En la Provincia de Buenos Aires con la sanción de la Ley 14.449 de Acceso

Justo al Hábitat, se introdujeron avances normativos, dirigidos a remover de manera estructural las restricciones a un hábitat justo y sostenible. Esta herramienta pone en marcha la conformación de un Consejo Provincial y promueve la conformación de Consejos Locales, con la presencia de actores representativos de la sociedad civil vinculados a la temática, con el fin de constituir un espacio de debate, negociación y concertación).

En la ciudad de La Plata en diciembre de 2014 se promulga la ordenanza Nº

11.218, que promueve la conformación del Consejo Local. Si bien esta ordenanza propone un marco normativo de interesantes perspectivas a futuro, es importante destacar que partimos de una notable desigualdad territorial en lo que respecta a la ocupación del suelo y su crecimiento descontrolado.

La ciudad de La Plata no escapa a la lógica de construcción del mercado,

situación que se vio incrementada en estos últimos años por el crecimiento de la

actividad en la construcción.

Si analizamos los datos del Censo Nacional 2010, podemos observar que en el

Partido de La Plata reside el 4,2 % de la población de la Provincia de Buenos Aires. Esto es un total de 649.613 habitantes, 72.244 habitantes más que en el censo 2001.

Es decir su población creció un 13,1% en nueve años, similar al crecimiento provincial, pero superior al 9,4% nacional y al 10,7% de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

En el 2001 la cantidad de viviendas particulares ocupadas era de 172.140, por

lo que en nueve años el número de viviendas habitadas se incremento en

87.212 unidades, lo que representa un aumento del 51%, frente al 13% de lo que creció su población.

Por su parte las viviendas desocupadas en el partido de La Plata representan el

19%. Con excepción de la ciudad de Buenos Aires, que posee un 23,9%, la tasa de vacancia más alta de la RMBA y el país.

Si nos referimos a la situación de villas y asentamiento específicamente, un

informe de la Asociación Techo del año 2013 registro 136 asentamientos. Asimismo, en el informe que está elaborando la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaria Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda con la Universidad de General Sarmiento registra, hasta el momento, 118 asentamientos y villas.

Frente a este escenario y ante la imperiosa necesidad de promover transformaciones profundas en el conjunto de factores que determinan las

desigualdades territoriales, es que proponemos un debate amplio y crítico y la puesta en marcha de políticas y estrategias dirigidas a garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural adecuado, teniendo en cuenta algunos principios rectores. El Municipio por antonomasia debe promover, motorizar y revertir estas realidades de marcadas asimetrías y desigualdad social; para ello cuenta con herramientas e instrumentos normativos capaces de transformar esta opacidad vigente en un círculo virtuoso de acciones, oportunidades y capacidades, sistematizados por medio de un plexo normativo que irrumpa contra estas lógicas inerciales de especulación y desidia que posee el mercado inmobiliario, subordinándolos a los derechos de interés colectivo (derecho a la ciudad, función social de la propiedad).

La Comuna en razón de la autonomía que le provee las Constituciones de Nación y Provincia, no tiene impedimento legal alguno para intervenir sobre el mercado inmobiliario ocioso debiendo hacerlo de manera masiva y sistemática apelando al acabado conocimiento que tiene sobre el territorio, que le permite informarse de los derechos, obligaciones, padecimientos y necesidades de sus vecinos. Ello va en correlato y es válido enfatizar con algunos Institutos sustantivos para el derecho a la ciudad, que sin bien están previstos por las normas, aun hoy permanecen ajenos a las políticas de suelo y hábitat locales solo por solo citar algunos ejemplos de manera enunciativa, la identificación y denuncia de herencias vacantes o la movilización de suelo ocioso son obligaciones inherentes al Estado Municipal que hoy carecen de abordaje alguno.

1. Políticas territoriales integrales:

- Promover políticas que reviertan la asimetría entre la periferia y el centro de la

ciudad en materia de servicios públicos y presencia del Estado.

- Promover políticas de viviendas articuladas con la gestión territorial a partir de una visión integral de la problemática.

- Impulsar políticas de regulación sobre la acción pública del mercado inmobiliario de

manera de garantizar los derechos y los intereses.

- Promover políticas públicas que reconozcan las especificidades territoriales, la

diversidad cultural e identitaria que determina modalidades diversas de producción del hábitat.

- Fortalecer e integrar el cordón frutihortícola de la ciudad, evitando la degradación de los suelos, generando políticas de protección al medio rural y promoviendo el consumo de alimentos sanos.

2.- Producción social del hábitat:

- Concebir el planeamiento estratégico en materia de hábitat desde el derecho a la ciudad y a la producción social con el objetivo de conformar una ciudad inclusiva, en oposición al actual modelo de gestión ciudadana con predominio de los grandes emprendedores inmobiliarios.

- Los instrumentos y políticas públicas de ordenamiento territorial y urbano deben incorporar el principio de la Función Social de la Propiedad, (consagrado en la Constitución de 1949), así como también el art. 14 bis de la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la Ley de Acceso Justo al Hábitat de la Pcia de Bs. As.

De modo tal que pueda modificarse la matriz individualista que prevalece y configura el territorio sobre el interés general en la construcción de la ciudad.

- Reconocer el derecho a la propiedad comunitaria a las comunidades campesinas o a los pueblos originarios y a los que así lo demanden.

- Políticas públicas de regulación y redistribución de rentas en los

mercados de suelo:

- Profundizar en la implementación de la Ley Provincial de Acceso Justo al

Hábitat (Ley 14.449), a fin de atender la situación de miles de vecinos que viven en asentamientos, a la vera de arroyos y de las canteras, en terrenos insalubres, bajo torres de alta tensión o sobre vías abandonadas del ferrocarril y que no pueden acceder a un lote de terreno.

- Promover políticas basadas en la equidad y la sostenibilidad, mediante

normas e instrumentos orientados a reducir las expectativas especulativas, sancionar y gravar progresivamente la retención de inmuebles (sin uso ni destino real de alquiler o venta) y repartir equitativamente las cargas y los beneficios de los procesos de urbanización.

- Establecer mecanismos específicos para el acceso a la tierra a las familias

vulnerables a través de bancos de tierra, compra de tierras por parte del Estado u otros.

- Promover instrumentos municipales que permitan el acceso al lote con servicios para las familias del Pro.Cre.Ar.

3. Regulación del mercado de alquileres:

- Promover políticas públicas de locación social y promover un marco normativo

orientado a ampliar las opciones de acceso a una vivienda digna. El alquiler social debe ser parte de un conjunto de medidas articuladas de las políticas habitacionales y urbanas que debe incluir, entre otras acciones que faciliten el acceso a garantías y un sistema subsidiario social destinado a los hogares con alta vulnerabilidad social o vulnerados sus derechos.

4. Impulsar la participación y el acceso a la información.

- Propiciar una gestión democrática en el territorio a partir de instancias multiactorales formalizadas: debates, audiencias, consultas públicas, etc.

5. Seguridad en la tenencia y regularización de la tierra urbana y rural

- Promover políticas integrales y articuladas en los asentamientos y las ocupaciones informales urbanas y periurbanas, que constituyen un tipo específico de configuración socio-espacial, las cuales deben ser reconocidas y abordadas en forma integral por el Estado.

- Establecer procedimientos democráticos en casos de desalojo, mediante la

constitución de un protocolo que contemple las diferentes instancias, protegiendo la integridad de todas las personas y asegurar las condiciones para la gestión política de los problemas de fondo.

- Relocalización con participación de las partes afectadas en el conflicto.

.

6. Acceso universal a los equipamientos sociales y servicios básicos

- Promover la creación de espacios comunitarios de recreación y esparcimiento

en todos los barrios de la periferia, con participación de las organizaciones sociales.

- Promover y fortalecer la construcción de redes de infraestructura y servicios,

(incluyendo el transporte público de pasajeros), generar condiciones básicas de

inclusión social, proteger el ambiente, densificar las áreas urbanas reduciendo las dinámicas de expansión depredatoria con la adecuada provisión de infraestructura.

7. Promover la participación y el acceso a la información

- Promover una gestión democrática del territorio, entendida como un proceso de toma de decisiones que asegure la participación activa y protagónica de los

ciudadanos, de las organizaciones sociales y asociaciones civiles que forman parte del entramado social

- Garantizar herramientas adecuadas, a partir de instancias multi- actorales

formalizadas: debates, audiencias, consultas públicas, etc.



- Adoptar medidas que aseguren el acceso y consulta de la información necesaria para la participación efectiva de la población.

- Propiciar la participación en los diferentes procedimientos como así también exigir el cumplimiento de la legalidad, mediante el ejercicio de acciones y derechos ante los órganos administrativos y judiciales correspondientes

8. Fortalecimiento de las organizaciones sociales y políticas vinculadas a la

problemática

- Promover la constitución de cooperativas de trabajo y de vivienda, consorcios,

comisiones vecinales, entre otras.

- Fomentar la capacitación y formación en las problemáticas inherente

al hábitat y al asociativismo.

- Promover acciones tendientes a una gestión democrática en el territorio que

permita la participación activa y protagónica de los ciudadanos y en especial de las organizaciones sociales. Impulsar la conformación del Consejo Local de la Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat (Ley 14.449), en el ámbito municipal.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

La Cámpora, Movimiento Evita, JPBA, Unidos y Organizados, FTV Miles,

CTA Regional, H.I.J.O.S., Nuevo Encuentro, Agrupación Joaquin Aretha -

Proyecto Nacional, Peronismo Militante, Movimiento Octubres,Movimiento Patria

Grande, Partido de la Victoria, FOTIVBA, Confederación de Trabajadores de la

Economía Popular (CTEP) Sentimiento Nacional, Calle 13, TECHO, Carta

Abierta, Habitar Argentina, AJUS La Plata-Berisso-Ensenada, Obra del Padre

Cajade – Revista La Pulseada, Cátedra Libre de Hábitat Popular Urbano

Facultad de Derecho de la UNLP, Cátedra Libre de Hábitat y Territorio de la

UNLP, Movimiento Territorial “Agustín Tosco”, Centro de Estudios Desarrollo y

Territorio – La Dorrego, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro

de Investigaciones Populares (CIP) M.E., Asociación Civil “En la Esquina”,

Asociación Civil “Centro de Educación Popular”, Cooperativa de trabajo “Néstor

Vive”, Cooperativa de trabajo “Los Kokitos”, FANP – Frente de Arquitectos

Nacionales y Populares, Centro de extensión universitaria “Por un futuro mejor”

y siguen las firmas.