Al respecto, la diputada manifestó: “lo que buscamos con esta normativa es que esta herramienta vital que maneja el Estado, como es el manejo de la Pauta Oficial, no se convierta en un arma para presionar a las empresas periodísticas, imponiendo el discurso único y retaceando el acceso a los medios de todas las expresiones de la sociedad”.

La legisladora se refirió a un reciente fallo de la Corte Suprema que ordena al gobierno de Neuquén el cese de la arbitraria decisión de privar al diario Río Negro y a sus lectores de la publicidad oficial de los actos de gobierno de esa provincia, y restituya la distribución de la publicidad oficial que se le atribuía normalmente y que había sido suspendida a raíz de publicaciones que molestaron al gobierno.

“El espíritu de este fallo es un ejemplo que debiera extenderse al resto del país –dijo Mestelán- porque si bien es cierto que no existe un derecho intrínseco a recibir recursos del Estado por publicidad, cuando el Estado asigna estos recursos en forma discriminatoria se viola el derecho fundamental a la libre expresión”.

“Suponiendo que por razones presupuestarias el Estado se ve obligado a suspender la Publicidad Oficial, lo que no puede hacer es suspenderle sólo a algunos medios en base a criterios discriminatorios” ejemplificó la diputada.

En Argentina la distribución de pauta publicitaria se encuentra regida por las normas generales para la contratación de bienes y servicios por parte del Estado, sin embargo existen ejemplos de legislación específica en Chaco, Entre Ríos, Río Negro, ahora Neuquén, y la vecina Tierra del Fuego.