En el día de ayer, la -Dirección de Derechos del Consumidor, Usuario y Contribuyentes, Relaciones de Consumo-, de la Defensoría del Pueblo, recepciono la Resolución Nº 26 /13 “mediante la cual todos los usuarios nuevos, las nuevas líneas que se adquieran deberán ser tasados en unidad de segundos y no en minutos como era hasta ayer”.

Este instrumento surgió de la Secretaría de Comunicaciones de Nación a cargo del Dr. Norberto Berner, con lo que se consensuo que, todas las operadoras “deberán adaptar sus tarifas a partir del 2 de enero, para las líneas nuevas y dentro de 60 días para las ya existentes”.

El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, aclaro que las empresas de telefonía celular, tendrán entonces dos (2) meses para adecuar sus sistemas y cumplir con la Justicia que las obligan a modificar su esquema tarifario y cobrar las llamadas por segundo.

Recordó el funcionario que en la actualidad, mas allá de la duración de las mismas, todas las empresas cobran por minuto entero y siempre redondeando hacia arriba en contra del bolsillo de los usuarios.

Otra novedad favorable a los citado es que a partir de ahora para los casos en que se determinen aumentos en las tarifas, tanto Movistar, Claro, Personal y Nextel, tienen la obligación de notificarle a los usuarios con 60 días de antelación para poder aplicar los mismos. Esto no se relaciona con ninguna fijación de precios sino que se aclaro, que implica una metodología para que los usuarios estén informados, puedan cambiarse de empresa si lo desean, verificar determinados planes y accionar con las denuncias correspondientes.

Por último desde el Organismo de la Constitución se señalo que es tan creciente en nuestro País el servicio de la telefonía móvil, habiendo dejado hace rato atrás a la telefonía fija, que nos preocupa sobre manera la falta de un mayor y exigente control sobre las operatorias de las mismas, específicamente en lo que se refiere a inversiones para mejorar el servicio, como así también los grandes y reiterados abusos que se producen día a día contra los usuarios, ante los cuales nos tenemos que manejar con un Reglamento de Servicio que no alcanza a cubrir todos nuestros derechos y las obligaciones de las empresas, por lo cual evidentemente iremos forjando nuestro trabajo coordinado con otras Defensorías del Pueblo, Provinciales y Municipales, a fin de que el Congreso de la Nación, declare a este servicio como Público.