El planteo llevó casi toda la mañana del jueves en la jornada final del seminario técnico sobre "Propuestas de reforma a los Códigos de Planeamiento Urbano Ambiental y de Edificación" que organizó el Concejo Deliberante y provocó un intenso intercambio de opiniones y explicaciones técnicas entre representantes de las empresas, principalmente Edesa, concejales, miembros del Colegio y la Sociedad de Arquitectos y funcionarios del área de Planificación de la Municipalidad.

El seminario se convirtió en un diálogo continuo y por momentos desordenado entre Edesa y funcionarios municipales. Los arquitectos e ingenieros sostienen que ese requisito al momento del visado de los planos es un condicionante fuerte para desarrollar un proyecto de construcción, ya que la etapa de visado, que no habilita el inicio de obra, implica la recepción del proyecto en las oficinas municipales, su corrección y el análisis acerca de si requiere por su volumen, un estudio de impacto ambiental y social (EIAS ). Este estudio sí lleva implícito y con carácter obligatorio la factibilidad de servicios.

De los testimonios escuchados en el Concejo Deliberante se desprende que los profesionales no pueden encarar un proyecto, porque eventualmente las empresas proveedoras de los servicios no tienen pensado o planificado proveerlos en determinada zona y que en la práctica diaria esa exigencia se convierte en una gran limitante, apenas iniciados los trámites.

"El agua y la luz no los brinda, ni los otorga la Municipalidad" explicaron por su parte funcionarios municipales del área de Planificación, que recordaron a su vez que el PIDUIA (Programa Integral de Desarrollo Urbano Ambiental) de donde derivan los dos códigos en análisis, tiene ya diez años, plazo suficiente como para que las empresas de servicios sepan hacia dónde va a desarrollarse la ciudad. Los funcionarios del Ejecutivo no admiten que el desarrollo y el crecimiento deban estar condicionados por los servicios y que las empresas tienen la obligación de prever, planificar e invertir.

A esta discusión, no escapa el hecho de que los últimos antecedentes en materia de EIAS demuestran que en más de 60 edificios construidos entre 2006 y 2009 el estudio de impacto ambiental no se realizó. Prueba de ello es que el Poder Judicial requirió a la Municipalidad una gran cantidad de expedientes de proyectos incluidos en denuncias efectuadas por la Red Sol Salta, donde no solo no se cumplió el EIAS, sino que tampoco contaban en muchos casos con factibilidades de agua, principalmente en el período de Aguas de Salta.