El bloque del Modelo Chubut aseguró en la sesión de ayer en la Legislatura que un grupo integrado por apenas 10 empresas constructoras se quedó con la mitad de la inversión en obra pública en el último año y medio en la provincia, y afirmó además que se registraron sobreprecios del orden del 18 %.
Sin dudas el tema más fuerte de la sesión que comenzó pasadas las 16 y terminó a las 18,30, lo introdujo el dasnevista Jerónimo García en la Hora de Preferencia como devolución de una respuesta de un pedido de informe que hizo la Secretaría de Infraestructura a partir de datos aportados por el Registro Provincial de Constructores, en el período diciembre de 2011 al 27 de agosto de 2013.
Según detalló García, en ese lapso se hizo obra pública por unos 1.200 millones de pesos, y de ese total, «886 millones se repartieron en 17 empresas, y 314 millones entre 46 empresas, un total de 63 empresas» cuando en la anterior gestión estaban certificadas ante la Secretaría de Trabajo «unas 140 empresas», dijo el legislador. Para el diputado «es importante que haya muchas empresas porque esto genera competencia y baja costos».
Luego detalló que entre las empresas Rigel, Ledesma, Freile Construcciones, Edisud S.A., Auda SRL, Pasquini, Peña, Villegas, Palco SRL e Inverfín, «se llevan 616 millones, la mitad de la obra pública, y dan trabajo al 50 % de la mano de obra ocupada, unos 1.300 empleados», agregando que el 60 % de ese monto es para empresas de Comodoro Rivadavia, y que todo el resto de empleados se reparten entre unas 50 empresas.
Por otra parte, alertó que «hay un sobrecosto estimado del 18 %, porque estos jugadores grandes tercerizan las obras, y se quedan con esta torta que hubiera alcanzado a hacer un barrio de 500 viviendas». Sostuvo que hoy se paga por cada vivienda social unos 450 mil pesos, «un costo de 8 mil pesos el metro cuadrado, cuando las zonas más caras en Puerto Madryn están 5 mil pesos por metro cuadrado».
Indicó además que «esto lo regula la Cámara, donde están los grandes jugadores de siempre, y hay que hablar con ellos» y concluyó «sería interesante que el Estado lo optimice para que puedan acceder a la vivienda los sectores más necesitados».
No sólo ningún diputado oficialista contradijo estos datos, sino que Eduardo Daniel, del FPV, avaló los dichos de García y sostuvo «reconozco que realmente el acceso a esta patria contratista que maneja los contratos y los costos de las obras sería un tema interesante para tratar y podríamos trabajar en conjunto para tratar de achicar esos costos y que los rendimientos de los recursos del Estado sean mayores.
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