Empresas estatales que no funcionan y no cumplieron sus objetivos

Empresas estatales que no funcionan y no cumplieron sus objetivos
Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (Camyen), Producat Sociedad Anónima con denominación estatal mayoritaria (Sapem) Agroindustria Catamarca Sociedad del Estado (Aicatse) y Catamarca Radio y Televisión Sociedad del Estado no han justificado su creación.

Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (Camyen), Producat Sociedad Anónima con denominación estatal mayoritaria (Sapem), Agroindustria Catamarca Sociedad del Estado (Aicatse) y Catamarca Radio y Televisión Sociedad del Estado son empresas creadas bajo la premisa del gobierno del Frente para la Victoria que iban a servir para el desarrollo y traer aparejado la generación de empleo genuino, tal cual fue el slogan de su lanzamiento.

Sin embargo, las compañías con participación estatal solamente sirvieron como “bolsa de trabajo” de dirigentes políticos afines al Gobierno y para el pago de acuerdos preexistentes ajenos a la provincia como el caso del Frente Grande de Mario Fadel que cerró en Capital Federal empleo para sus dirigentes locales, Daniel Gutiérrez, Carlos Quiroga y Aldo Creche si prospera su designación como vicedirector del “inexistente” canal oficial.

El Producat, de ser quien “promueva el desarrollo provincial de manera consistente y sustentable, mediante la generación de recursos genuinos y fuentes laborales”, terminó siendo una beca más, donde el Estado pone los insumos, paga los salarios y compra los productos.

Agroindustrias, presidido por Alberto Adolfo Natella y el acompañamiento desde la dirección por Carlos Hernán Vera y Nicolás Gustavo Alini, ni se puso en marcha en la realidad a pesar que se justificó que con su creación se iba a generar “un aumento del empleo privado en la agricultura, ganadería e industria para que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de progresar en su departamento”.

Y la Camyen, sin resultados a la vista, solamente generó “ruido” político desde la misma designación de David de la Barrera (hoy desplazado) y luego por denuncias de supuesto tráfico de rodocrosita que implicaba a sus autoridades, realizadas desde el mismo seno del Gobierno provincial. Todo esto sin contar el costo que implica para el Estado el sostenimiento de estas empresas.

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