En Salta operan redes que falsifican libros societarios y otros documentos para revender fincas. Las falsas subastas son otras de las formas que se usan para comercializar inmuebles de manera ilegal.
No solo perjudican a empresas o propietarios salteños, sino que realizan maniobras contra compañías radicadas en otras provincias que poseen tierras en Salta. Una vez más, queda en evidencia lo permeable que resulta la Dirección de Inmuebles para que delincuentes hagan este tipo de transferencias.
La firma Orcosu, de Santa Fe, tiene 8 mil hectáreas en el departamento Rivadavia (matrícula 486). Aunque nunca la pusieron en venta, se dieron con la ingrata noticia de que había “nuevos propietarios”.
Mario Actis Marquet, apoderado legal de Orcosu, relató que los titulares, en 2007, quisieron pagar los impuestos en Rentas, pero “saltó” que ya no eran los dueños. “La trampa se confirma porque en el catastro provincial estaba mal registrada la empresa, en vez de llamarse Orcosu figuraba Arcosu”, dijo el abogado radicado en Santa Fe. Al intentar hacer el trámite, vieron que un tal Carlos Páez adulteró documentos de la sociedad, actas de asamblea y otros instrumentos que “lo habilitaban” a vender las 8 mil hectáreas.
Actis Marquet remarcó que las tierras aparecen como bien de familia y no se pueden transferir. En los instrumentos apócrifos aparece la firma Arcosu. “Este nombre no existe, es un error de catastro que ellos tomaron como válido para hacer papeles truchos. Hasta crearon un instrumento público”, agregó el abogado.
Por $45 mil, Páez las cedió a Miguel Angel Díaz, quien en realidad es Héctor Vilte. Con esa identidad falsa participó en las transferencias fraudulentas de terrenos en Anta, de la empresa Quebrachales. Graciela Salarzar ya había puesto al descubierto la supuesta asociación ilícita que encabeza su marido Daniel Palacios y el contador Rogelio Guaymás. A través de su testimonio y de allanamientos, la Justicia detectó que Vilte, empleado de Guaymás, utilizaba identidades falsas para las transferencias.
La venta de las 8 mil hectáreas se realizó a través del escribano Sergio Vélez. “Después nos enteramos que tiene la matrícula cancelada”, señaló Actis Marquet.
A fines de 2007 la tierra se vendió a $150 mil a Gabriel Aguirre y Angela Rodríguez. La mujer también tiene participación, según el relato de Salazar, en las acciones de la red que vende tierras ajenas. Después, Rodríguez traspasa su 50% a Aguirre.
Por $550 mil, el campo de Rivadavia queda en manos de los hermanos Marchisio (Diego, Juan y Gustavo, todos de Santa Fe); Javier Elder y a Rafael Pérez.
En un primero momento, el abogado de Orcosu inició acciones legales contra las personas que figuran en la primera venta en el Juzgado Federal de Salta, ya que se habían adulterado instrumentos públicos nacionales, y en la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos N§ 2. Ahora toda la causa quedó en manos del fiscal provincial Guilleramo Akemeier.
Hubo participación de un tasador infiel
Tres fincas de Anta, pertenecientes a la firma Quebrachales, también fueron el centro del teje de ventas truchas, con papeles apócrifos e identidades falsas. Pablo Sendín figura como dueño de Pozo de Guayacán, La China (Santos Lugares) y El Arenal. Sin embargo, los verdaderos propietarios no la vendieron.
Pese a las maniobras, Sendín logró hipotecar los dos primeros terrenos, por $1.200.000. Según se pudo constatar, la tasación del Banco HSBC no se hizo en los predios señalados, sino al lado.
En el juego también habría participado un tasador “infiel”. La inspección se concretó sobre la cabecera sur, donde puede transitar cualquiera.
Según las declaraciones de la mujer que fue excluida de su hogar, su marido, Daniel Palacios, y el contador Guaymás pergeñaron también esta operación ilícita.
Por una antigua legislación comercial, las empresas radicadas en otras provincias debían inscribirse en Salta si compraban terrenos ¿Cómo es posible que en el Juzgado del Registro Público de Comercio, pese a que las firmas se encontraran radicadas societariamente y con domicilio en otra jurisdicción, otorgaban nuevos libros societarios aquí? Sin esos instrumentos, los estafadores jamas pudieran concretar las maniobras.
Especialistas en Derecho Societario respondieron que no se puede otorgar nuevos libros si la sociedad es de otra jurisdicción. La Justicia tiene otra línea para investigar y desentrañar. ¿Hubo participación interna de empleados de Inmuebles en esta asociación ilícita? ¿Qué sucede en el Registro Público de Comercio? Sin esas conexiones, Quebrachales S.A y Orcuso S.A jamás podrían haber sido estafadas.
Más víctimas de las falsas subastas
La compañía Forestal Pora Sociedad Anónima, radicada en Buenos Aires, también resultó víctima de maniobras fraudulentas y estafas.
En la operación figuran algunas de las personas que se repiten en el testimonio de Graciela Salazar, la mujer que tras ser excluida de su hogar desmanteló una supuesta asociación ilícita, a la cabeza de su marido y el contador Guaymás.
La empresa denunció a Hugo Del Bianco, quien según Salazar había sido parte de la red que vendía o “apropiaba” de terrenos ajenos a través de la falsificación de documentos. Además, Forestal Pora apuntó contra Miguel Angel Palermo, de la ciudad de Buenos Aires. La causa se tramita en el Juzgado de Instrucción Formal de Segunda Nominación.
La operación
El 26 de febrero de 2010, se presentó para ser inscripta un acta de remate por la finca “Marianito” (catastros 16.230 y 16.227) del departamento San Martín. Sin embargo, nunca Forestal Pora remató o participó en un juicio por este motivo.
A través de la falsificación de instrumentos públicos y privados, Miguel Angel Palermo se vio beneficiado con una subasta ficticia. Para eso, presentó un expediente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Morón, Buenos Aires. Luego, se constató que tal causa no existe en ese Tribunal. Crearon un documento público para quedar con la finca Marianito.
La abogada Ana María Avellanda, radicada en Joaquín V González, a pedido de Del Bianco, firmó la minuta de inscripción con el fin de registrar el Acta de Subasta en Inmuebles. La profesional sostuvo que el procedimiento fue solicitado por Del Bianco. En ningún momento sospechó que las constancias del Juzgado de Morón podían haber sido falsificadas.
La anotación en Inmuebles fue en forma provisoria, por 180 días, ya que no se abonó el sellado correspondiente al acto. En la minuta, se registró que la operación se realizó por $950 mil.
La denuncia apunta a Del Bianco como supuesto autor material y a Palermo, quien figura como supuesto “nuevo propietario” de la finca Marianito, tras el ficticio remate.
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