Los empresarios del transporte urbano cuestionaron el "desconocimiento" de algunos concejales sobre las funciones de las tarifas, manifestaron su preocupación por la demora en la aprobación del aumento del boleto y advirtieron que, mientras suben los costos operativos, baja la cantidad de pasajeros transportados en los colectivos.

Desde la Unión Transitoria de Empresas (UTE) El Libertador ?la entidad que los agrupa?, los transportistas emitieron un comunicado en el que aseguran que el reajuste de tarifa es "fundamental para asegurar la continuidad" del servicio público.

Las compañías pidieron una suba del boleto de entre el 18 y el 20%, mientras que el área de Movilidad Urbana del municipio recomendó que sea del 11,9%, lo que elevaría la tarifa en 47 centavos, de $ 3,97 a $ 4,44. Con todo, el Concejo Deliberante todavía no la convalidó.

Los transportistas hicieron referencia a una nota publicada por LA CAPITAL que reflejaba la decisión de los ediles de la Comisión de Transporte de pedir más información al Ejecutivo para tratar el aumento. "La detenida lectura de la información periodística permite concluir que existe un importante desconocimiento sobre la problemática de la economía del transporte, en especial, en lo relacionado con las funciones de las tarifas y los procedimientos o protocolos de aplicación para determinar su valor y/o los reajustes que proceden", señaló la UTE.

"Nadie puede pretender ignorar la realidad económica que vive el país a partir del impacto producido por la devaluación del peso ocurrida en el mes de enero", agregó. Y mencionó que los efectos "pueden sintetizarse" en "una desocupación creciente que afecta a los servicios de transporte público" y un "fuerte incremento" en el precio de los insumos (gasoil, neumáticos, lubricantes, seguros, entre otros) y los gastos de personal. Esos incrementos, apuntó, fueron en los primeros ocho meses del año de entre "el 24 y el 30%".

La UTE recordó que en los ámbitos nacional y provincial las tarifas de las líneas urbanas de corta distancia tuvieron un reajuste del 35%, y que en junio hubo otro del 35%. En el mismo período, "la autoridad de aplicación local realizó un solo reajuste, que en números redondos alcanzó un 23%".

El transporte público de pasajeros, señaló, "es un servicio oneroso, en el cual la tarifa constituye el eje fundamental con el cual se asegura la sustentabilidad del sistema", por lo que su determinación y reajuste son "actos administrativos obligatorios para garantizar que los ingresos económicos que se obtienen con el pago de la tarifa por parte de los usuarios cubra los costos de explotación".

La caída de la demanda es otro factor que blandieron las empresas. Según sus cifras, la baja interanual alcanzaba en agosto un 4%.

Además, expresaron su preocupación ante el hecho de que

"algunos concejales hayan manifestado que se podrá considerar un reajuste de tarifas cuando se presenten estudios serios, poniendo en tela de juicio la veracidad respecto de la autenticidad de los parámetros operativos que utiliza esta UTE para la determinación de los costos", como también "los montos declarados como subsidios recibidos por parte del gobierno nacional".

La UTE aseguró que "en el procedimiento que se aplica para la determinación de costos y las tarifas correspondientes respeta el protocolo establecido en la Resolución ST 290/09 de aplicación obligatoria por las jurisdicciones que reciben subsidios conforme Resolución ST 422/13".

"Por otra parte ?agregó? la información sobre los subsidios percibidos por cada empresa mensualmente está disponible en la página web de la Secretaría de Transporte y la información sobre parámetros (pasajeros, kilómetros, recaudación) que se incorporan en los estudios de costos surgen de la información diaria que procesa el sistema informático que opera la UTE; información que al estar encriptada hace imposible su adulteración".

Aunque no mencionan a los concejales a los que cuestionan, en la reunión de la Comisión de Transporte a la que hacen referencia hubo tres voces muy críticas: el radical Nicolás Maiorano reclamó la entrega de mayor información para establecer cuál es la situación económica de las empresas; José Reinaldo Cano (Agrupación Atlántica) puso en duda la veracidad de las cifras de kilómetros recorridos aportada por las empresas y Fernando Maraude (Frente para la Victoria) dijo que los empresarios "dibujaron todos lo números" y calificó como "una payasada" el aumento del precio de los insumos.

"'Payasada' es manifestarse públicamente desconociendo la realidad actual, que podemos sintetizar en recesión e inflación", respondieron los empresarios.