Frente a este panorama, las instituciones adelantaron que realizarán durante esta semana gestiones ante la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión Industrial Argentina.

El trabajo expuesto recientemente por el licenciado Francisco Lobera (UICh) y por el contador Roberto Lugo (Fechaco), menciona que el decreto 1694/2009 dispuso aumentos en las alícuotas pagadas a las ART, impactando fuertemente en el costo total del sistema. "Los aumentos, sumados a los incrementos salariales esperados para 2010 (aproximadamente 20 por ciento) están provocando aumentos en los totales abonados a las ART en 63 por ciento para el total de la economía, en relación al 2009", señalaron. "Paradójicamente, estos incrementos no resuelven el persistente aumento de la judicialización. Entre 2004 y 2009, la cantidad de juicios laborales ingresados creció 971 por ciento", precisaron.

"El nuevo decreto actualiza las indemnizaciones, aumentando los costos del comercio y la industria sin resolver la cuestión de fondo en relación a la industria del juicio, y la doble vía, teniendo en cambio un claro factor positivo al mejorar las indemnizaciones y topes para los trabajadores, algo pendiente desde que comenzaron los aumentos salariales y que la UICh y Fechaco venían solicitando, pero en el marco de una resolución integral del problema", expone el documento.

El informe indica, en gráficos, el impacto sectorial que tuvo el incremento en las alícuotas de las ART. Así, para el caso de la industria, en 2009 el sector pagaba 1.647 millones de pesos mientras que este año deberá desembolsar 2.699 millones. En tanto, para el caso de la economía total, el año pasado se pagaron 5.683 millones de pesos, mientras que en 2010 se abonarán 9.258 millones de pesos.

Aspectos negativos

Desde ambas entidades chaqueñas remarcaron que la normativa contiene "aspectos claramente negativos", porque no resuelve la judicialización e incluso tiende a profundizar el proceso; y porque el costo no es absorbido por las ART, sino que se impone como una nueva carga sobre la producción en un marco de deterioro en el mercado de trabajo.

Asimismo señalaron que el decreto "establece pisos de beneficios, alterando la esencia de la ley y generando un injustificado y sustancial incremento de los costos laborales". Otro punto negativo es la afectación "en forma más gravosa a los accidentes in itinere, sobre los cuales el empleador es injustificadamente responsable de su cobertura. Y también afecta profundamente a las pymes industriales, con particular intensidad a las que se encuentran en el interior del país".