Empresario de Tres de Mayo calificó como “llamativo” el incendio de unidades

Empresario de Tres de Mayo calificó como “llamativo” el incendio de unidades

Guido Dal Pozzo lo vinculó al proceso de incautación de colectivos e inmuebles realizado por la Municipalidad. Calificó esa decisión como “anticonstitucional”, y anticipó que la cuestionará en la Justicia. Aseguró a ANB que “no todas las unidades incendiadas estaban en desuso”, y que, en todo caso, “de la chatarra nosotros éramos responsables”.

 

El incendio de doce unidades -cinco de ellas con daños totales- de la empresa Tres de Mayo se convirtió en un eslabón más de la disputa entre los ex directivos de la firma y el Gobierno municipal. Mientras desde el Ejecutivo se aseguró que las llamas afectaron micros en desuso y chatarra, Guido Dal Pozzo, Presidente de Tres de Mayo, planteó sus dudas sobre el incendio, al que, en diálogo con ANB, calificó como “llamativo”. Explicó, además, que “los colectivos que no incautaron los sacaron de las instalaciones y los colocaron uno al lado del otro”.

“En uso o no, chatarra o no, ese material nos pertenece”, indicó, y lamentó que sufrieran las consecuencias del fuego.

El empresario cuestionó la incautación de “nuestros mejores colectivos, los talleres, el depósito de combustible, y el playón de estacionamiento, para entregárselos a otra empresa a la que (el municipio) adjudicó las líneas que nos fueron desadjudicadas”.

“La confiscación de bienes que la Justicia no le autorizó, y que lo hizo manu militari, es un acto de una gravedad y una ilegitimidad tal que no tienen parangón en el derecho argentino, y que está prohibida por la Constitución Nacional”, apuntó a través de un comunicado.

Según Dal Pozzo, “mucho más grave es que esa confiscación se hizo para entregarle el servicio y nuestros bienes a una empres foránea que no tiene, evidentemente, estructura para prestar el servicio, en un acto con características inusitadas de ilicitud”.

En la nota, el Presidente de la empresa intervenida asegura que “la gravedad se profundiza cuando además del acto ilícito realizado para favorecer a la nueva adjudicataria, nos impide hacer todo tipo de actividad propia de nuestra empresa de transporte, por cuanto nos sacaron el taller, los tanques de combustible y los mejores colectivos, dejándonos virtualmente sin capital de trabajo”.

Finalmente, calificó la decisión de la incautación como “inusitada y grosera” y anticipó que será “cuestionada en todos los ámbitos administrativos y judiciales”.

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