El 19 de julio, el intendente de Arias, Juan José Cortese, estuvo esperando durante horas al representante técnico del gasoducto de la ruta 8, una obra que comenzó hace 20 años y que jamás se terminó. Todo parecía encaminado para que, por fin, la inauguración se hiciera en agosto. Sin embargo, Marcelo Arias, un ingeniero mendocino de 39 años, nunca apareció. El jefe comunal volvió a su localidad y, cuando llegó, se enteró de que el técnico al que había estado esperando y que cobraba de los municipios un sueldo de $ 12 mil para dirigir el proyecto, había sido encontrado muerto en el río Suquía, detrás del Centro Cívico provincial.

El crimen de Arias, de sello mafioso, conmovió al poder político. No sólo por la brutalidad del homicidio -lo golpearon salvajemente y le quebraron los brazos antes de tirarlo al río- sino porque la empresa que presidía -Newen S.A.- tenía vínculos con el gobierno provincial y había sido denunciada penalmente por el Frente Cívico por un supuesto caso de corrupción.

Newen era una firma que en 2006 pertenecía a Roberto Martín. Ese año, esa empresa firmó un contrato para asesorar a intendentes en los proyectos de los gasoductos y después, en 2007, el dueño pasó a ser funcionario del gobierno de Schiaretti en el área de Transporte y Servicios Públicos.

La acusación del Frente Cívico señalaba que la empresa de Martín -que posteriormente pasó a estar dirigida por su esposa, Liliana Beatriz Ferro- siguió cobrándoles cifras millonarias a los intendentes mientras el ingeniero ocupaba su cargo público. Además, la contratación no tendría razón de ser porque las tareas que en teoría realizaba podían ser hechas directamente y sin cargo por los municipios.

Los intendentes asesorados por Newen S.A. estaban nucleados en tres entes intercomunales: el de Sierras Chicas, el de la Ruta Nº 8 -comprende las localidades de Canals, Alejo Ledesma, Benjamín Gould, Arias, Cavanagh y Guatimozín- y el de la Ruta Nº 7 -Viamonte, Pueblo Italiano, La Cesira, Aldea Santa María, Rosales y Laboulaye-.

El intendente Cortese indicó que la relación de Martín con el ente intercomunal se cortó en 2007, cuando el ingeniero pasó a ser funcionario de Schiaretti. El vínculo hasta entonces era con Newen. “Cuando Martín se va, ahí se para un poco la obra porque era un hombre muy valorado, muy eficiente. Pero él nos recomienda a este muchacho, que había sido alumno suyo, que era profesor universitario pero no empresario. Es mentira que fuera empresario. No tenía ni auto. Él estaba contratado por el ente y le pagábamos 12 mil pesos por mes. Cuando me contaron que había muerto, enseguida pensé que era un suicidio porque lo veíamos muy mal, se olvidaba de las cosas, estaba depresivo. Creo que tantas obligaciones y presiones lo afectaron; era una obra que le quedaba grande”, indicó Bordese.

- Usted dice que Arias no fue contratado por su relación con Newen, pero él aparecía como presidente de esa consultora.

- Dicen que Arias era presidente de Newen pero nosotros no tenemos nada que ver.

Habrá trabajado para Newen pero aparte. Nosotros lo habíamos contratado específicamente a él. Era el representante técnico de la obra y nada más.

Una de las hipótesis que se investigan a partir del crimen es que Arias era en realidad un testaferro. El abogado de la familia, Mauricio Cardello, le dijo a La Voz del Interior que el ingeniero figuraba como presidente de Newen y como importante accionista de otra empresa del rubro pero que en los hechos no era el propietario. El letrado deslizó que, en realidad, el dueño seguiría siendo “el señor que fue un funcionario importante en la gobernación”. Es decir, Martín.

Para el legislador Ricardo Fonseca, del Frente Cívico, no hay dudas de que el gobierno provincial tiene relación directa con Newen y con Martín. “Este ex funcionario está implicado en el episodio de corrupción más escandaloso de Córdoba, que nadie ha investigado y que la Justicia enfrió. Tal vez Arias conocía algo de todo este entramado”, señaló Fonseca.

La denuncia fue presentada en 2012, después de que el periodista Sergio Carreras publicara su investigación en La Voz del Interior. Según Fonseca, la causa nunca avanzó y la única resolución que tomó Hugo Amayusco, fiscal anticorrupción, fue negarle el pedido de constituirse en querellante particular.

La denuncia que en 2012 presentó Fonseca acusaba a los dirigentes provinciales y a los intendentes de violación de los deberes del funcionario público y asociación ilícita por sus contratos con Newen. Al principio, los jefes comunales alcanzados fueron sólo los de las Sierras Chicas; el legislador después sumó a los municipios de las rutas 7 y 8. Pero su denuncia apunta principalmente al ministro de Infraestructura de la Provincia, Hugo Testa, y al ingeniero Roberto Martín, como ex secretario de Transporte y Servicios Públicos.

En el planteo judicial, elaborado por el abogado Carlos Nayi, se relata que el 8 de marzo de 2006 el Ente Intercomunal Sierras Chicas Gas firmó un acuerdo con Newen S.A. por servicios de consultoría en el gerenciamiento de obras de gasificación de la región. La consultora estaba representada por Roberto Martín y por su esposa. En ese primer convenio se estableció que la empresa cobraría el 8 por ciento más IVA sobre el presupuesto oficial de la obra.

“Resulta llamativo que en el referido acuerdo intervenga el ingeniero Martín, propietario de la empresa consultora, quien tiempo después fue designado como secretario de Transporte y Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y en tal carácter suscribió acuerdos relacionados a la obra de gasificación pero esta vez en representación de la Provincia”, dice Fonseca en la denuncia.

Es decir, el legislador acusa a Martín de estar de los dos lados del mostrador. De tener en sus manos las obras de gasificación desde el Estado y, a la vez, beneficiarse con el contrato que tenían los intendentes con una empresa que sería de su propiedad.

“Tiempo después, el 23 de abril de 2010, el Ente Intercomunal Sierras Chicas celebró con Newen S.A., representada en esta oportunidad por el director suplente ingeniero Marcelo Arias, un convenio modificatorio del contrato de locación suscripto el 8 de marzo de 2006.

En este nuevo convenio las partes delimitaron las prestaciones a brindar por la consultora y modificaron el precio de la contraprestación. El valor total se estableció en la suma de 1.566.950 pesos”, dice la denuncia.

En el nuevo contrato no intervino Martín, quien ya era funcionario provincial, “pero no es un dato menor que el domicilio legal de Newen S.A. coincida con el domicilio real del ingeniero Martín”.

Dos días antes de que se firmara el nuevo contrato, Martín había dejado de ser secretario de Transporte y asumido como secretario de Desarrollo Energético; es decir, quedó a cargo del sistema de gasificación de la Provincia.

Según Fonseca, las cifras que cobró la consultora no correspondían porque los intendentes podían tramitar los trámites ante Distribuidora de Gas del Centro sin costo.

“Newen ha percibido importantes sumas de dinero de parte del Ente Intercomunal a pesar de que no ha brindado servicio ni realizado prestación alguna en relación a la obra de gasificación que justifique dicha contraprestación y, lo que es más grave aún, los integrantes del Ente se han comprometido a abonar una suma millonaria por un servicio de consultoría inexistente e innecesario, lo que notoriamente defrauda las arcas de los municipios”, se lee en la denuncia.

Las localidades nucleadas en los entes hacían aportes todos los meses para pagar los honorarios de Newen. Posteriormente, al menos en lo referido a la ruta 8, esos fondos se usaron para el sueldo de Arias.

La investigación policial por el crimen del ingeniero mendocino aún no arrojó resultados.

A pesar de que su cuerpo apareció en pleno centro de Córdoba, no hay detenidos. Una de las líneas que se siguen son los negocios de Arias y su presunto rol de testaferro. En la trama se mezclan la política, las denuncias por corrupción, las megaobras inconclusas y el mensaje mafioso de un crimen macabro.