Diariouno.com.ar consultó a la empresa, que es subsidiaria de la gigante mundial del campo de la minería Coro Minig, un día después de que Paco Pérez prometiera que sometería el proyecto de Uspallata a una consulta popular si es electo gobernador y su contrincante radical le cerrara definitivamente las puertas a San Jorge en caso de ser ungido por el voto de los mendocinos.

“En la empresa reina la calma y la tranquilidad, nuestra postura está asentada en la fortaleza jurídica que tiene el proyecto”, se limitó a contestar un vocero de San Jorge, quien admitió que la compañía se siente víctima de los fuegos artificiales que dominan la campaña electoral, pero aseguró que la envestida de los candidatos contra el futuro del emprendimiento de Uspallata no sorprendió a los responsables del mismo.

Después de los pronunciamientos contrarios a San Jorge de los candidatos de peronista y radical, no se descarta que la aprobación de los trabajos de la empresa en Uspallata se agite en la Legislatura. El gobierno de Celso Jaque, con el Ministerio de Infraestructura (responsable de las evaluaciones técnicas) bajo el comando de Paco Pérez, ya habilitó la explotación del yacimiento de cobre de Uspallata.

Para que la empresa pueda empezar a hacer los trabajos necesarios para sacar el metal sólo falta la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que aprobó Jaque. Ese trámite en la Casa de las Leyes estuvo cajoneado hasta ahora merced a un acuerdo tácito entre los bloques mayoritarios de dejar la discusión para después de las elecciones del 23 de octubre.

Sin embargo, con la fortísima salida de los candidatos Pérez e Iglesias contra el avance del proyecto (la empresa responsable sabe que una consulta popular arrojaría un resultado en contra abrumador) se agitaron las posturas de los legisladores de los bloques mayoritarios de la Legislatura. Antes de la salida de los postulantes a la gobernación sobre el tema, en los bloques legislativos del radicalismo ya existía una postura a favor de tratar en el plenario de Diputados y Senadores la ratificación a la DIA bajo el calor de la campaña electoral. Quienes promovían esa postura están decididos a votar en contra de la habilitación.

Ahora, con los dos candidatos de los partidos con mayor cantidad de legisladores subidos públicamente contra el avance de San Jorge, la postura del grupo de radicales antes expresada puede ganar terreno en la Casa de las Leyes.

Las especulaciones previas indican que de tratarse antes de octubre la DIA en la Legislatura difícilmente consiga la aprobación. Por eso, San Jorge ya tiene preparado un cuestionamiento judicial para el caso de que la política resuelva en contra de la ejecución del proyecto.