De acuerdo a la información publicada por el portal de noticias MDZOL, la justicia falló favorablemente en la acción de amparo y ese antecedente podría ser utilizado por empresarios de las cuatro provincias promocionadas para conseguir una extensión de los beneficios.

El cuestionamiento judicial se basa en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y de la ley 16.986, ante las omisiones ilegítimas del Poder Ejecutivo Nacional y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por no suscribir el Convenio de Instrumentación a que se refiere el Art. 12 del Decreto Nº 699/2010 y dilatar sine die la ejecución de la prórroga del Régimen de Promoción Industrial aprobada mediante la norma de carácter legislativo citada.

En ese orden, se solicita la declaración de inconstitucionalidad de las omisiones comentadas, por ser violatorias de la Constitución Nacional y que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional a suscribir el Convenio de Instrumentación previsto en el Art. 12 del Decreto 699/10 en un plazo de 90 días corridos, y que como medida cautelar se intime a la AFIP a acreditar en las respectivas cuentas corrientes computarizadas de las empresas promocionadas, los montos de bonos de crédito fiscal que surjan por aplicación del Art. 1° de Decreto N° 699/2010, conforme las condiciones vigentes al momento de conclusión del Régimen de Promoción Industrial aprobado mediante la ley 22.021 y prorrogado por dos años por el citado decreto, toda vez que dichas compañías cumplen con las exigencias allí previstas.

La representación legal AVH consideró que el Poder Ejecutivo Nacional, dictó el Decreto 699/2010 considerando el vencimiento inminente de los beneficios de la promoción industrial reseñada, y la situación de Emergencia Ocupacional declarada oportunamente por el decreto 165/05, ratificada por el Decreto 565/02 y que fuera objeto de sucesivas prórrogas hasta el dictado de la Ley 26.563.