El 17 de abril pasado la empresa cerró sus puertas. Antes, había decidido despedir a sus 72 empleados vía Skype (programa de Internet), indicándoles que había problemas económicos para seguir adelante con los trabajos que apuntaban a brindar servicios de telecomunicación vía internet.

"Es una realidad muy dolorosa", dijo Julia Arias, una de las voceras del grupo de trabajadores, al indicar que en ningún momento imaginaron que la empresa cerraría. Dijo que por los distintos argumentos de la empresa que hacían referencia a la difícil situación económica, es que los trabajadores aminoraron siempre el tono de los reclamos respecto del cumplimiento de salarios y otros beneficios que les correspondía como trabajadores.

Enumeró entre los incumplimientos las diferencias salariales que les correspondían por convenio, la falta de pago de la obra social a aquellos empleados que elegían una obra social prepaga, y la falta de pago de presentismo o antigüedad, entre otros puntos.

Los trabajadores esperan acceder al seguro de desempleo. Pero no pueden hacerlo dado que la empresa no envió telegramas de despido.

"Nos da bronca", dijo al entender que la empresa les mintió al indicar que no tenía plata, siendo que la evasión fiscal denunciada por AFIP muestra los niveles de dinero que movían.

Los allanamientos que realizó la AFIP fueron tras descubrir que la empresa había evadido impuestos por 4 millones de pesos, además de no haber cumplimentado nunca con los aportes previsionales de los trabajadores, por cerca de un millón y medio de pesos.

Multas en Trabajo

El secretario de Trabajo, Ramiro Chávez, sostuvo que desde la entidad se intervino en cuatro procedimientos que se habían abierto contra la empresa tras la realización de inspecciones. "Nunca tuvimos faltas muy graves", dijo el funcionario al indicar que entre los puntos por los cuales se había intimado a la firma era por los retrasos en el pago de los salarios o la falta de documentación. Las multas se encontraban en proceso de Ejecución pero se dudaba, ante la actual situación que ha implicado el pedido de captura internacional de los socios, que en algún momento se las pueda cobrar.