y Pensiones (AFJP) dejaran de funcionar y todo quedara centralizado en el

Estado, los empleados de estas empresas comenzaron a ser reubicados en

los organismos públicos. En la Provincia, ya están ubicados la mayoría de los

trabajadores. Incertidumbre de jubilados y pensionados.

El principal revuelo e inquietud después del anuncio oficial de esta nueva

modalidad fue el destino de aproximadamente unas 700 personas en la

Provincia. Algunas entidades mutaron para prestar nuevos servicios a la

sociedad, como seguros de vida, hogares, automóviles o como Aseguradoras

de Riesgo de Trabajo (ART) y, por lo tanto, utilizaron la mayoría del personal.

Luis Sosa, ex empleado de Máxima, dijo que, con paciencia, se están

adaptando y reacomodando a los nuevos sitios de trabajo. “Muchos ya fueron

reincorporados y otros se tomarán las vacaciones adeudadas para comenzar

el año laboral”, relató Sosa a El Sol.

Unas 100 personas por entidad estatal fueron las incorporadas

recientemente. PAMI fue el primero que pidió un reintegro de personal –unas

113 empleados–, porque existen muchos trabajadores que están a punto de

jubilarse o retirarse.

Los trabajadores de las AFJP de Mendoza se movilizaron a fines de noviembre

varias veces. Primero, para dialogar con los diputados locales y, luego, para

presentar su reclamo a Elisa Carrió, quien visitó nuestra provincia. En la

ocasión, la presidenta de la Coalición Cívica afirmó que el Gobierno nacional

robaría los fondos de las jubilaciones y que ella defendería los derechos de

los trabajadores.

Además, los trabajadores recalcaron que cada beneficiario tiene un capital

con un número de cuenta que es el CUIL y, particularmente, es dueño de ese

monto de dinero que durante 14 años fue inembargable. Por eso, con la

transferencia, creen que el Estado hizo el cambio rápidamente para tener

superávit este año.

Carrió manifestó que la verdadera discusión no es si el sistema es público o

privado, porque explicó que las cuentas individuales se pueden respetar tanto

en lo público como en lo privado. “La verdadera cuestión es qué se va a hacer

con los fondos de los jubilados y pensionados de la Anses y de las AFJP”,

comentó a los manifestantes que la sorprendieron cuando descendió del auto

en el que viajaba.

Las empresas cumplieron con el pago de las indemnizaciones a sus

trabajadores y, en algunos casos, siguieron aportando la cuota de los

servicios de prepaga u obra social.

Muchos jubilados y pensionados tienen incertidumbre sobre qué pasará con

sus fondos de capitalización que fueron pasados a repartición. Pero desde la

Anses (ver aparte) garantizaron que en algunos casos cobrarán más de lo que

recibían por la ley que establece un salario mínimo. Desde el organismo

pidieron a los afectados que no estén registrados o no sepan su situación que

llamen al 0-800-222-6737 para solicitar información.