Los empleados judiciales no somos de la administración provincial: tenemos nuestro propio estatuto y ley orgánica; nos rige otra disponibilidad horaria y solamente podemos trabajar en el Poder Judicial.

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El colapso de la justicia no se soluciona obligando a los empleados a trabajar 12 horas y a cumplir tareas sin remuneración.

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El trabajo a reglamento es solamente atenernos a cumplir con nuestra obligación laboral según estatuto.

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Por falta de personal y recategorizaciones, durante años hemos venido desempeñando funciones que no nos corresponden y sin cobrar remuneración.

Por otra parte, el SIJUPU aclaró que aún no se retiró de la meda de diálogo.

Los empleados judiciales de Villa Mercedes salieron al cruce de las manifestaciones de Florencio Rubio, que difundió el lunes pasado Crónica de San Luis. Además de las respuestas al funcionario, en una entrevista que hizo Radio de la Universidad Nacional de San Luis en Villa Mercedes, Lorena Báez explicó cuáles son los motivos del conflicto que mantienen con el Superior Tribunal de Justicia.

“Venimos sosteniendo una lucha muy dura, sobre todo por las sanciones a los empleados que realizamos el quite de colaboración, que no es mas que cumplir las obligaciones dispuestas y definidas por el estatuto”, explicó.

La empleada, una de las 15 sancionadas por el STJ, aclaró en ese sentido que el trabajo a reglamento “no es una medida de fuerza, es sencillamente un quite de colaboración, es decir, no realizar más tareas que las acordes a la función. Lo que pasa es que por años los empleados venimos desempeñando funciones correspondientes a categorías superiores, por las cuales nunca recibimos ninguna retribución ni reconocimiento. Cuando se planteó el reclamo salarial, simplemente decidimos cumplir con nuestras obligaciones”.

En ese contexto, se refirió en particular de la situación que se presentó en el Juzgado Laboral 2: “El atraso en el despacho diario se produjo porque, justamente, las personas que estábamos realizando esa labor no tenemos categorías para hacerlo. Durante años habíamos realizado esa tarea por la cual nunca tuvimos remuneración. Al abstenernos y dedicarnos a nuestra función específica, el Juzgado se quedó sin personas para los despachos diarios”.

Así, la situación en los juzgados se presentó con algunas diferencias. Los atrasos en los despachos y el movimiento de expedientes se notaron con mayor gravedad donde había más falencias estructurales, fundamentalmente por falta de personal.

Por otra parte, Báez negó que detrás de esas decisiones de los empleados “haya cuestiones internas gremiales o políticas como lo dejó entrever el doctor Rubio”.

Mesa de diálogo

Las declaraciones de los ministros del Superior Tribunal con relación a los reclamos salariales, les dejan poco margen a las expectativas de los empleados. “No sé qué resultado puede tener la mesa de diálogo entre el Superior Tribunal y el Sindicato si los propios ministros han declarado reiteradas veces que no hay posibilidades de atender a los pedidos de recomposición salarial”.

Añadió que esta situación de escepticismo se acentuó tras las sanciones que aplicó el Superior Tribunal en plena etapa de diálogo. Sobre este aspecto, Lorena Báez, sostuvo: “Creemos que los empleados que hemos llevado adelante una larga lucha por los reclamos salariales, merecemos que haya de parte del Sindicato un repudio público a la actitud del Superior Tribunal de sancionarnos por realizar el trabajo a reglamento”. Empleado judicial

“Queremos que quede bien en claro que el empleado judicial no es empleado público. El empleado público depende de la administración de la provincia y el judicial tiene su propio estatuto, su propia la ley orgánica que dispone la organización del Poder Judicial. Nuestro estatuto no tiene nada que ver con el empleado de la provincia”, remarcó.

Dijo que una de las principales diferencias es que los judiciales “tenemos la obligación de trabajar las 24 horas del día cuando el Superior Tribunal lo requiera”.

Además, los empleados del Poder Judicial “tenemos bloqueada la posibilidad de tener cualquier otro tipo de trabajo. Solamente podemos trabajar en el Poder Judicial eso nos separa del resto”.

Por otra parte, agregó, existe una ley de autonomía financiera “por la cual el Poder Judicial se financia así mismo con el cobro de tasas”.

Colegio de Abogados

La postura que asumió el Colegio de Abogados ante la crisis del Poder Judicial generó algunas dudas entre los empleados. “Creemos que han tomado la postura que, en todo caso, les conviene. Este es un conflicto de partes entre los empleados y la patronal, en el medio queda el justiciable, es decir, la persona que busca una solución a algún inconvenientes a través de la Justicia. A esas personas las representan los abogados y entendemos que hacia esa dirección apuntó la posición del Colegio”.

“No obstante, creo que todos tendríamos que tirar parta el mismo lado, porque el colapso en el Poder Judicial, y fundamentalmente en los juzgados laborales, no se puede resolver obligando a trabajar al personal diez o doce horas diarias, ni con sanciones. Es una cuestión estructural que se puede solucionar solamente si se toma la decisión de ampliar tanto la cantidad de juzgados, como de personal y, sobre todo, respetar la carrera del empleado y las recategorizaciones”.

“Amamos nuestro trabajo”

Lorena Báez puso especial énfasis en la responsabilidad y la predisposición de los empleados judiciales para resolver el problema que se plantea en el Poder Judicial de San Luis: “A todos nos interesa que el justiciable vea resuelto lo antes posible sus problemas. Nosotros amamos nuestro trabajo, nos encanta trabajar en la justicia, lo que no nos puede enorgullecer es sufrir esta serie de atropellos, desde los bajos salarios hasta la obligación de cumplir funciones que no nos corresponde desempeñar”.

“Por eso, nunca dejamos de cumplir con nuestras obligaciones laborales. Nunca estuvimos en contra del funcionamiento de la Justicia, al contrario, intentamos poner las cosas en su lugar para que se tome la decisión de solucionar el problema de fondo”.

Apoyo sindical

Si bien el SIJUPU prometió encarar el tema de las sanciones, los empleados afectados por las medidas tomadas por el Superior Tribunal esperan un “repudio público del sindicato hacia las decisiones que tomaron los ministros”.

En ese marco, agradecieron el apoyo y la solidaridad expresada por el gremio docente ASDE. “Es un aliciente para nosotros, para quienes luchamos por defender la dignidad, quisiéramos tener el gesto público de parte de nuestro sindicato, pero desde ya para nosotros es un reconocimiento a la gente que está luchando por lo más preciado de todo trabajador que es su salario”.

SIJUPU

El SIJUPU aclaró que no se retiró de la Mesa de diálogo sino que estudia una moción que presentaron integrantes de la comisión directiva para analizar en forma especial las sanciones a empleados de Villa Mercedes, aplicadas por el STJ.

Así, durante asambleas que el sindicato realizará en los próximos días podría surgir algún pronunciamiento al respecto. Solamente los integrantes de la comisión directiva que trabajan en Villa mercedes manifestaron a los medios su preocupación y rechazo a las sanciones impuestas.