| El legislador provincial, José Páez, de la Democracia Cristiana, informó que la Cámara Contencioso Administrativa, Sala III, emplazó al Poder Ejecutivo provincial a contestar el requerimiento de reglamentación de la Ley nº 7240 (Rinoscopia) en el marco del amparo judicial en cuestión.

Páez acudió a la justicia ante la mora del Gobernador José Alperovich, en la Ley sancionada hace 12 años.

Por otra parte, el parlamentario anunció que el proyecto de Resolución presentado en febrero del corriente años, con el mismo objetivo que la acción judicial, que si el proyecto no es tratado por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura tucumana, lo someterá a debate sobre tablas en la primera sesión que celebre el Parlamento.

Páez destacó que a los tres legisladores que ya efectuaron el test o análisis, se agregan otros ocho que se propusieron realizarlo en los próximos días.

Tal como lo indicara EL SIGLO, luego de haberse reunido con el Secretario de Prevención y Lucha contra las Adicciones de la provincia de Tucumán, Lucas Haurigot Posse, los integrantes de la Comisión de Adicciones de la Legislatura, que preside Graciela Suárez, los parlamentarios decidieron realizarse análisis de sangre para establecer la presencia o no de drogas.

La norma de referencia sostiene en su artículo 1º que: "Establécese como requisito de permanencia en los niveles políticos o jerárquicos de la función pública, el carecer de adicción a las drogas ilegales". En su artículo 2º dispone que: "La presente ley comprende: al Poder Ejecutivo, hasta el rango de Subsecretario y Comisionado Comunal; al Poder Legislativo, hasta el rango de Prosecretario; a los gobiernos municipales, hasta el rango de Prosecretario; a los concejos deliberantes, hasta el nivel de Prosecretario; a los organismos autárquicos, centralizados y descentralizados hasta el nivel de Gerente, Secretario Administrativo, Director o equivalente, según corresponda; al Poder Judicial, incluyendo los magistrados en todos sus niveles, funcionarios constitucionales, de Ley y jueces de paz; al personal policial, en todas sus jerarquías".

Por otra parte la Ley dispone en su artículo 3º que: "Art. 3°.- Todos los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley, deberán realizarse, con carácter obligatorio los exámenes médicos y/o bioquímicos pertinentes para determinar la presencia de metabolitos de drogas ilegales, en el plazo y con la periodicidad que determine la autoridad de aplicación".

La Ley nº 7240 establece que la máxima autoridad de cada Poder es designado como responsable de la aplicación de esta norma.

En cuanto a las violaciones, el artículo 4º de la Ley señala que "En caso de que se detectare a un funcionario en violación del requisito establecido en el artículo 1° de la presente, el mismo será suspendido en sus funciones mediante sumario médico previo, respetándose todas las garantías constitucionales hasta su recuperación y considerándose dentro del régimen de licencias vigente".

Finalmente se establece dentro de su articulado que el Poder Ejecutivo la reglamentará, lo que reclama el legislador Páez.