El gobierno provincial denunció al fiscal penal Marcelo Álvarez por su accionar en la investigación de un doble crimen de Sierra Grande, ocurrido en setiembre del 2008. El funcionario es el mismo que encabeza la investigación penal por los sobresueldos cobrados por el gabinete de Miguel Saiz, por lo cual el accionar gubernamental -que formalizó el ministro Diego Larreguy- se interpretó como una clara ofensiva política contra ese representante del ministerio público.

En realidad, la Cámara en lo Criminal confirmó en marzo el sobreseimiento de un imputado del doble crimen de Sierra Grande, planteando uno de los camaristas investigar a Álvarez por su actuación una investigación (ver aparte). La madre del detenido, ahora sobreseído, también formalizó una denuncia.

Ahora, más dos meses después, el Ministerio de Gobierno informó de la presentación de una denuncia ante la Procuración General y en el Consejo de la Magistratura, solicitando que se investigue y se separe a Álvarez por "mal desempeño" en sus funciones. El ministro aludió a lo expuesto "por la Cámara del Crimen, sala B" y se refirió a la denuncia de Marcela Paz, madre de Luciano Bertolini (imputado, hoy sobreseído), solicitando que se inste una "causa por presunto mal desempeño" contra el fiscal por "la presunta privación ilegítima de la libertad" de Bertolini y" el aprovechamiento de esa circunstancia para producir prueba sin orden judicial".

La reacción institucional contra esa denuncia oficial se originó de parte de la Procuradora, Liliana Piccinini, jefa de los fiscales. En lo político, la mayor defensa de Álvarez correspondió al legislador justicialista, Martín Soria, denunciante en la causa de los sobresueldos.

La procuradora remitió una nota a Larreguy informándole al ministro que "obran y han sido atendidas las denuncias que versan sobre las circunstancias de la detención y lo ocurrido en el interior de la Comisaría 13 de Sierra Grande en las que los imputados pertenecen a la fuerza policial que del ministro dependen". En cambio, rechazó que desde la Cámara del Crimen que intervino en el caso se propiciara la investigación a la actuación del fiscal. Además, la titular del Ministerio Público, entendió oportuno que "al momento de convocar a la señora Paz" -denunciante como progenitora de Bertoldi- "se le haga saber el estado de dichas actuaciones".

Finalmente, Piccinini llamó la atención a Larreguy acerca de que "a los fines de otorgar mayor transparencia" aceptará las actuaciones formulada por "la señora Paz, y soslayando respetuosamente la intervención del señor ministro, no ya por las inconveniencias formales las cuales pueden ser suplidas, sino para aventar todo tipo de suspicacia, toda vez que en su condición de funcionario público, se encuentra investigado en dos procesos penales cuya acción es instada e impulsada por el fiscal Marcelo Álvarez".

Por su parte, Soria acusó directamente al ministro de denunciar a Álvarez por ser el fiscal que investiga los sobresueldos y la contratación directa de asesoramiento publicitario por medio millón de pesos en la que Larreguy es imputado y que próximamente se prevé su citación a indagatoria.

Soria advirtió que "es elocuente el grado de desesperación que empiezan a evidenciar algunos ministros de Saiz, pretendiendo descaradamente obstruir las investigaciones judiciales por hechos de corrupción en Río Negro. Larreguy no sólo se encuentra seriamente comprometido en la causa de los sobresueldos de los ministros de Saiz, donde incluso, cometió la torpeza de ventilar mediáticamente un presunto listado de reparto de fondos ilegales, sino también, en la contratación directa por medio millón de pesos en asesoramiento publicitario que nunca existió; casualmente ambas causas se encuentran muy avanzadas y tramitan ante el mismo fiscal Álvarez".