El municipio de Gobernador Costa fue embargado por el pago de 200 mil pesos, como consecuencia de una demanda penal iniciada por la ex intendenta, Marcela Amado, a un empresario rural de la zona. El temor de los funcionarios municipales es el avance de otras causas iniciadas por la ex intendenta desnevista que también se perdieron y comprometen la situación financiera del municipio.
“Es solo para pagar abogados ya que el empresario dijo que no reclamará su parte para no afectar al municipio. Este es un gesto muy valioso”, indicó.
El juicio iniciado por Amado fue contra el empresario rural Héctor López Rey, quien fue acusado de usurpar tierras en el sector de ingreso al pueblo, donde funcionaba una empresa de transportes de carga. La propiedad fue adquirida por López Rey, y el propietario murió.
Algunas especulaciones permitieron al Ejecutivo aventurarse en un reclamo legal por “usurpación”, pero el empresario demostró que él no ocupó las tierras a la fuerza.
El intendente recordó que en su momento le advirtieron desde el Concejo Deliberante a Marcela Amado que no incurriera en una demanda que le iba a costar mucho a la comunidad, como efectivamente pasó. Pero interpretó que de por medio existía una cuestión personal que “lamentablemente tiene que pagar el resto de la comunidad”.
EL CASO
Cabe recordar que abril de 2011 la Justicia de Esquel detuvo una resolución de la Municipalidad de Gobernador Costa que pretendía expropiarle un campo a López Rey, entonces presidente de la Sociedad Rural. La decisión de los jueces Claudio Petris y Jorge Früchtenicht evitó la medida de una resolución de 2010, que pretendía irregularmente el dominio de las tierras y además no le había dado cabida a la parte en el juicio ni la resolución confiscatoria, que fue revocada con costas para el municipio y en forma solidaria a la intendenta Amado, que debía afrontar de su peculio los honorarios de la parte ganadora, los abogados Ricardo Gerosa Lewis y Martín Iturburu Moneff, ex presidente del Consejo de la Magistratura y el anterior consejero, en las sumas de $ 11.500 y $ 4.500.
El juez Petris confirmó parcialmente la sentencia apelada e impuso las costas a la Municipalidad de Gobernador Costa y en forma solidaria a la intendenta Amado.
Es que López Rey cuestionó en más de una ocasión a Amado en su calidad de titular del Partido Vecinal. Rey cuestionó a la dirigente dasnevista, que actualmente ocupa un cargo en el área de Desarrollo Social del gobierno de la provincia, por el estado en que dejó las cuentas municipales, el parque automotor e, incluso, el edificio de la Intendencia.
En este contexto, se debe decir que Amado tuvo un importante equipo de abogados escoltando su gestión que no dudaron en enviar cartas documento a diestra y siniestra. Entre otros casos que terminaron en contra del gobierno municipal se encuentra dos juicios laborales donde hay denuncias de abuso de poder y maltrato laboral. “Son dos juicios por sumas muy importantes también”, recordó Carrasco.
Cabe recordar que al asumir, el actual intendente denunció que al irse Amado dejó como herencia “un edificio municipal demolido, facturas impagas, 55 pesos para planes de viviendas, 19 pesos para equipamiento y 18 para el servicio de recolección de residuos”.
El juez Früchtenicht estableció además otra suma de honorarios paralelos a abogados citados, de $4.025 por su actuación en segunda instancia.
El resolutivo menciona en la causa a “Federico Gustavo, Mariana y Juan Pablo López Rey”, quienes promovieron acción de amparo contra la Municipalidad de Gobernador Costa, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución 105-10 por la que en su función se anula la posesión definitiva otorgada a “Expreso Angélica”.
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