En la sesión legislativa desarrollada el viernes último fue un tópico que despertó suspicacias, polémicas y llamó la atención por ciertas particularidades suscitadas en el análisis mismo del proyecto homologado por la tropa oficialista, en su condición de mayoría.

Así, cabe señalar la iniciativa adoptada por la provincia que parece abocarse a la búsqueda de petróleo en la geografía tucumana, pese a que no se han precisado aún estudios que demuestren la existencia de este fluido en nuestro territorio.

Más allá de tal consideración, a partir de la aprobación de la normativa se ha facultado al Poder Ejecutivo a suscribir con YPF S.A. un acuerdo de trabajo para el desarrollo de proyectos exploratorios de hidrocarburos, pese a que esta actividad se caracteriza por ser de alto riesgo, capital intensivo y una duración de largo plazo al momento de su ejecución.

Sin embargo, la argumentación oficialista para llevar a cabo este convenio radica en tender a aumentar el nivel de reservas hidrocarburíferas de la República Argentina.

En este sentido, se concedió a la empresa petrolera la participación activa en el estudio superficial de zonas que presenten características geológicas favorables para la concreción de procesos exploratorios y productivos, en tanto que la totalidad de gastos y costos que demande la realización de todo este operativo será asumido en forma exclusiva por parte de YPF.

Además, la compañía se compromete a posibilitar la conformación de un equipo de profesionales del ámbito universitario tucumano, integrado por tres académicos, quienes supervisarán la puesta en práctica de los trabajos de campo a efectos de otorgarles capacitación al respecto.

Polémica

Durante el debate de la propuesta, uno de los puntos que levantó objeciones por parte de algunos opositores estuvo enmarcado en lo atinente a un supuesto favoritismo que el Gobierno pretendería otorgarle a YPF, en el caso que sean llamados concursos públicos para la correspondiente exploración de las áreas hidrocaburíferas.

Un hecho a resaltar es que dichos concursos serán solicitados y formulados a la provincia por la propia firma.

Además, se estableció que en la licitación pública la compañía petrolera manejada por la familia Eskenazi tendrá prioridad frente a otros oferentes, ante una eventual paridad de condiciones de adjudicación, es decir ante iguales ofertas monetarias.

El proyecto expresa que la valoración de dichas ofertas "no se circunscribirán a aspectos rígidamente predeterminados, sino que será la resultante de un examen de las ofertas en función de lo que sea más conveniente a los intereses provinciales".

“La elegida”

Ante esta situación, el legislador Federico Romano Norri (UCR) no encontró razones fundamentadas del por qué se entabló el convenio con una empresa en particular. "Me pregunto cuál habrá sido el criterio para la elección de YPF en este acuerdo, ¿acaso no se consultó si otras empresas habían demostrado interés en encarar este proyecto?".

Asimismo, el laborista Osvaldo "Renzo" Cirnigliaro objetó la falta de información con la que cuenta el Estado provincial respecto a la hipotética presencia de reservorios de crudo: "Para avanzar en esta iniciativa debemos contar con estudios serios que de ninguna manera se han realizado, que permitan la constatación acerca de la existencia de petróleo. No deberíamos haber suscripto un contrato con (Sebastián) Eskenazi, vicepresidente ejecutivo de YPF), lo más razonable hubiese sido entablar un llamado internacional que nos otorguen garantías mayores con respecto a la búsqueda de este elemento", sostuvo "Renzo".

En este sentido, advirtió que el Gobierno no ha garantizado, ni expresa ni implícitamente, el potencial hidricarburífero de las zonas a explorar, como así también el acuerdo homologado no constituye obligación o compromiso para YPF de concretar proyectos exploratorios junto con el correspondiente desembolso de inversiones a tal efecto. Por otro lado, en lo atinente a posibles daños ambientales que se manifiesten durante el proceso de estudio, la petrolera asume la total responsabilidad por el pasivo ecológico.

Finalmente, se dejó constancia que las partes intervinientes en este convenio se exoneran mutuamente de responsabilidad o indemnización que pudiera derivarse de cualquier pérdida de oportunidad de negocios o de beneficios actuales o futuros, de no realizarse los proyectos previstos.