El gobernador José Manuel de la Sota elevó ayer a la Legislatura las designaciones para el Tribunal Superior de Justicia, y la designación del Fiscal General y sus adjuntos. De este modo María Marta Cáceres de Bollati, que se desempeñaba como alterna en la Fiscalía, pasará a integrar el Tribunal Superior de Justicia.

El Ministerio Público será ocupado por Alejandro Oscar Moyano, quien tendrá a Alejandra Juana Hilman y Héctor Rene David como fiscales adjuntos, lo que tendrán entre sus funciones la tarea de “mejorar la investigación, persecución y represión de delitos, en especial del narcotráfico”.

En este sentido la reforma al Ministerio Pública viene de la mano de un proyecto para la creación de la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA), “como cuerpo armado especializado que tendrá una dependencia funcional directa del Fiscal General, jereciendo las funciones de auxiliar y colaborador esencial en el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico”.

Moyano durante su carrera como fiscal tuvo participación en causas en las que estuvieron involucrados políticos como Eduardo Angeloz, Domingo Carbonetti y Marcelo Falo, mientras uno de sus últimas intervenciones fue en el cierre del caso sobre la desaparición del Rubio del Pasaje, Facundo Rivera Alegre.

Al respecto, la madre del joven Facundo Rivera Alegre, desaparecido en Córdoba hace casi dos años, defenestró el pasado 6 de enero al fiscal Moyano, quien investigó la causa de su hijo, y a su posible designación como Fiscal General de la Provincia, en reemplazo de María Marta Cáceres de Bolatti.

El próximo miércoles los pliegos tomarán estado parlamentario y de allí deberá realizarse una audiencia pública para escuchar a aquellas personas que tengan algo que decir, antes de que la Legislatura apruebe las designaciones. Cabe destacar que lo que se diga en la Audiencia Pública, serán apoyos u objeciones que se pudieran efectuar sobre los propuestos, tanto sobre sus condiciones morales y técnicas, como su compromiso con los principios de la Constitución Nacional y Provincial.

Desde la Legislatura, el titular del bloque de Unión por Córdoba estimó que antes de fin de mes o principios de marzo podrían estar aprobándose los pliegos. Los cargos en el Ministerio Público durán 5 años, es decir que permanecerán cuatro años después que De la Sota cumpla con su tercer mandato.