Así queda estipulado en el proyecto de Ley elaborado por el Ejecutivo, en el que se crea “en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial la Justicia de Faltas Ambientales, que tendrá competencia en el juzgamiento de las infracciones” a un código que será sancionado en el mismo proyecto de Ley.

La iniciativa que deberá, ahora, ser discutida y aprobada por la Legislatura provincial prevé una serie de castigo para los infractores de la Ley Ambiental que regirá en la Provincia, entre los que aparecen el “apercibimiento; la multa; la Clausura total o parcial y definitiva o temporaria o por tiempo indeterminado” de la industria en la que se haya detectado alguna infracción. Pero además, contempla el “arresto” para los reincidentes en faltas graves, aunque con plazo máximo de 30 días.

En ese sentido, la norma marca que “la sanción del arresto no podrá exceder treinta días, debiendo el Poder Ejecutivo determinar el Lugar y las condiciones de su cumplimiento” aunque, aclara, “los sancionados” con la prisión “no podrán ser alojados junto a detenidos por delitos comunes”.

Incluye en ese punto, una cláusula de morigeración, para que quien resultase castigado con arresto, pueda eventualmente cumplir la condena de manera “domiciliaria”. Entre los sancionados beneficiados por la morigeración, se menciona “a las mujeres en estado de gravidez; a las personas mayores de 60 años o que padezcan alguna enfermedad o impedimento físico grave”.

También estarán alcanzados por ese beneficio, “cuando en la jurisdicción del órgano que ordena el arresto no existieren dependencias policiales ni establecimientos especiales que cuenten con lugares de alojamiento exclusivos para contravenciones”.

Los inspectores que controlarán el nivel de contaminación ambiental en la Provincia, estarán facultados para ingresar “en forma inmediata y sin restricciones de ninguna especie, a cualquier hora del día, a todos los establecimientos comerciales, industriales y agropecuarios instalados en la Provincia de Buenos Aires, mientras se desarrolla su actividad”.

Además del fuero Ambiental, que ocuparán jueces designados por el Ejecutivo “a través de una terna propuesta por las autoridades de Aplicación provincial del presente Código”, que serán los encargado de “seleccionar a los ternados mediante un concurso público de antecedentes que acredite la competencia exigible para el cargo”, el proyecto estipula la creación del denominado “Registro único de infractores ambientales”.

Se trata de un registro en el que se asentarán “las sanciones firmes aplicadas a las personas físicas o jurídicas que hubieran cometido alguna del as faltas previstas en el presente Código”

Duro con los infractores, el proyecto prevé incluso “la demolición” de la empresa infraccionada, entre las “sanciones accesorias” previstas en la ley.

En ese punto, la norma estipula como ‘sanciones accesorias”, la “desocupación, el traslado y la demolición respecto de obras, establecimientos o instalaciones comerciales o industriales, instalaciones o equipos de cualquier índole, cuando no ofrezcan un mínimo de seguridad para sus ocupantes o terceros o las obras que se hayan efectuado en contravención” a las disposiciones

Hoy, el Gobernador Scioli junto al titular del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia, José Molina, presentaron el proyecto en el Colegio de Abogados de La Plata, que contempla el proyecto de ley de Código de Faltas ambientales que será elevado al a Legislatura para su conversión en Ley.

Se trata, se informó, de un Código que “busca juzgar y aplicar sanciones por delitos ecológicos y acciones que perjudiquen la salud del medio ambiente”.

Junto al gobernador estuvo el presidente de la Cámara de Senadores, Federico Scarabino, a quien Scioli agradeció “la responsabilidad y acompañamiento” legislativo para ésta y otras iniciativas.

En ese marco, Molina calificó la iniciativa de “un proyecto progresista” en protección del Medio Ambiente, y destacó que “por fin la Provincia de Buenos Aires va a tener un Código de faltas ambientales donde se va a poder trabajar con un procedimiento único con los municipios y los jueces de faltas”