El Gobierno asegura que a Mario Riorda se le paga por servicios de asesoramiento a la gestión, pero no detalla cuáles. El consultor estuvo ligado hasta la semana pasada a las campañas electorales del justicialismo.
Como consultor del Gobierno, Riorda figura en el padrón de proveedores del Estado, con el número 112520. Así aparece en los registros de la Dirección General de Compras y Suministros del Gobierno provincial.
Una consulta a la página web de esta dirección reveló que Riorda tiene facturas en vías de cobro por la realización de "publicidad oficial". El subsecretario de comunicación pública, Pablo Bicego, reconoció que esas facturas suman cerca de 250 mil pesos en total, y explicó que se originaron en servicios de asesoramiento para campañas de difusión de distintas áreas del Poder Ejecutivo.
Cuando fue consultado por este diario, uno de los rubros mencionados por el funcionario fue el turismo. Bicego prometió dar un detalle de los trabajos que Riorda ha realizado para la gestión. Sin embargo, al cierre de esta nota, dicho detalle no fue enviado. El propio Riorda fue consultado al respecto, pero tampoco respondió.
Un elemento se agrega a la polémica: el registro de proveedores dice que Riorda tiene domicilio legal en una vivienda social de la localidad de Rodeo de la Cruz, en Guaymallén, donde los vecinos no conocen al famoso consultor .
El partido y el Gobierno. Lo cierto es que, aunque le cobra sus servicios al Estado, desde que irrumpió en la provincia de la mano de Francisco Pérez, Riorda ha estado vinculado más que nada a los operativos electorales del oficialismo.
En 2011, fue el jefe de campaña de Pérez y de Carlos Ciurca. Desde ese puesto, trazó líneas de acción de los candidatos, influyó en sus decisiones más relevantes y midió a través de encuestas, hasta el último minuto, el desempeño de la fórmula en las urnas.
Después del comicio, Pérez, para quien Riorda siempre fue un gurú, afirmó que tenía interés en que el cordobés se sumara a la gestión, pero el consultor nunca se convirtió en funcionario. Sí se supo que hacía visitas esporádicas a la provincia para reunirse con el gobernador y su gabinete.
Pero con el inicio del nuevo año electoral, Riorda volvió a sonar fuerte y con frecuencia en el ámbito político de Mendoza. Su participación en este caso fue efímera, ya que los candidatos a diputados nacionales del PJ Alejandro Abraham y Omar Félix no quisieron que estuviera al frente de la campaña, como ocurrió hace dos años.
"Nunca asumió como jefe de la campaña", aclaró en este sentido el propio gobernador Pérez.
De todos modos, Riorda alcanzó a reunirse una vez con los candidatos mendocinos. Fue hace casi dos semanas, en Lavalle, encuentro que no derivó en acuerdos importantes, dado que los candidatos locales habían optado por diseñar su propia estrategia y eligieron a otras personas para llevarla adelante.
A pesar de que Abraham y Félix desecharon a Riorda como jefe de campaña, el gobernador aclaró esta semana que el cordobés es "consultor del Gobierno" y no dio fecha de vencimiento para este vínculo con el Estado provincial.
Tampoco lo hizo el subsecretario Bicego, quien recalcó ante la consulta periodística que su área lanza alrededor de 15 campañas por mes y que Riorda tiene mucho influencia en ellas. "Acá no hay nada raro, no hay nada para esconder", aseguró. Pero tampoco hubo mucho para mostrar.
Polémica. Las ganancias de Riorda y las dudas sobre el beneficio que ha brindado su trabajo al Estado mendocino suman una polémica más en el rubro de la publicidad oficial.
Hay que recordar en este sentido las imputaciones a funcionarios de la gestión de Celso Jaque (en la cual Pérez fue ministro de Obras Públicas) por los pagos millonarios al empresario sanrafaelino Gustavo Mátar, quien, justamente, semanas atrás fue retirado del registro de proveedores que habita el cordobés.
Debido a que no hubo precisiones oficiales sobre el trabajo de Riorda, este diario consultó a encuestadores del ámbito local para saber cuánto se les paga usualmente por las encuestas y las campañas institucionales.
Uno de los profesionales locales del rubro indicó que el costo de una campaña institucional con sondeos incluidos ronda entre los 10 mil y 25 mil pesos y explicó que entre las variables que inciden figuran si la encuesta es telefónica o territorial. Además, influye a qué sector de la población abarca el sondeo.
La tarifa, en cambio, es mucho más alta (cerca del triple) si la consultoría contratada es alguna firma prestigiosa de Buenos Aires.
También indicó la fuente que los valores de un sondeo electoral y una campaña institucional son muy parecidos. Aunque en este punto bien vale recalcar que son dos cosas totalmente distintas: no tiene por qué pagar el Estado encuestas o cualquier tipo de asesoramiento que sólo le sirve a los partidos políticos, situación que podría haberse producido en el caso de Riorda.
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