El titular del Comité provincial de de la Unión Cívica Radical, José Antonio Artusi, responsabilizó al poder ejecutivo por no poner en funcionamiento institutos creados por la Constitución reformada en 2008 y reclamó reglas claras al señalar el conflicto jurídico entre la Constitución provincial reformada en 2008 y la Ley Castrillón que rige las internas de los partidos políticos de la provincia.

En diálogo con radio f5, Artusi criticó la “falta de certezas respecto de cuáles van a ser estas reglas del juego, porque conviven en nuestra provincia diversas normas de diverso rango que colisionan entre sí”. Particularmente se refirió a la denominada Ley Castrillón y a la Constitución reformada en 2008, “que si bien no fue reglamentada tiene vigencia” y señaló que “vemos que en este y en otros campos hay muy poco interés del poder ejecutivo de poner rápidamente en ejecución los nuevos institutos y los nuevos derechos que rige a partir de la reforma”.

Uno de los puntos principales a los que hizo referencia el dirigente fue a la fecha de las elecciones, que según la Constitución provincial, debe ser fijada por la Legislatura “pero lamentablemente como producto de los conflictos entre diversas expresiones del peronismo, todos sabemos que la Legislatura está trabada en su accionar. Hay una parálisis como producto de la primacía de un sector en una cámara y del otro sector en la otra cámara”

“Pero la Ley Castrillón es inconstitucional en muchos aspectos. Es previa a la reforma de 2008 y para dar un ejemplo, no contempla en absoluto la representación de las minorías que otorga la constitución de 2008”, indicó Artusi.

“Cuando una ley colisiona con la constitución se produce un conflicto, una confusión, una falta de certezas muy grande”, remarcó el titular del radicalismo provincial y apuntó a la responsabilidad del Ejecutivo provincial porque “la propia Constitución dice en una de sus cláusulas transitorias que el Poder Ejecutivo, pasado un año de vigencia –que ya ha pasado-, si la Legislatura no reglamentó por vía de una ley algún nuevo derecho o un nuevo instituto, podrá por vía de excepción a través de un decreto reglamentar estas cuestiones”.

De todas maneras, el diputado provincial del radicalismo consideró que “si el poder Ejecutivo va a reglamentar esta cuestión, debería aspirar a que sea una medida con mucha legitimidad y esa legitimidad sólo se puede obtener como producto de acuerdos obtenidos en torno a una mesa de diálogo político”.

Igualmente insistió, aunque se mostró escéptico, con la posibilidad de reglamentar desde la Legislatura la Carta Magna provincial: “nosotros vamos a pedirle a todos los actores la madurez suficiente como para poder encontrar una salida a esto que tuvo una dilación muy grande, y en esto el Poder Ejecutivo de la que no puede escaparse. Si no hay tiempo o voluntad política para una nueva ley, no quedará otra salida que reglamentarlo por decreto. No es que nosotros se lo vamos a pedir”.

En cuanto a la convocatoria a los partidos políticos que, según hizo referencia, haría el gobierno provincial, Artusi opinó que “ahora hay que ponerse de acuerdo en cosas mucho más básicas: en el cronograma electoral, no sólo la fecha de elecciones y en un sistema que fije las reglas de juego para amoldarnos a lo que dice la constitución de la provincia. Por ejemplo: ¿cómo vamos a respetar la autonomía de los partidos políticos para que éstos resuelvan en el marco de su democracia interna la configuración de sus listas de candidatos”.