A través de una nota, la senadora radical Silvia Elías de Pérez solicitó al gobernador José Alperovich que remueva de “manera inmediata” al Interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano, ingeniero Gustavo Durán.

En la presentación, la parlamentaria tucumana informó al Gobernador sobre los resultados de una auditoría realizada por la AGN por las irregularidades detectadas en el Barrio Lomas de Tafí, entre las cuales se menciona que se constató que el 88% de las rendiciones de cuentas se presentaron de manera incompleta; que el IPVyDU, como Ente Ejecutor a cargo de la ejecución de las obras del Programa, no verificó el cumplimiento de la normativa de rendición de cuentas vigente por parte de las empresas contratistas; que se verificó el incumplimiento de los Estándares Mínimos de Calidad para Viviendas de Interés Social; se encontraron Obras de infraestructura sin mantenimiento y con deficiencia; demoras en el otorgamiento de la escritura traslativa de dominio a favor del adjudicatario.

La legisladora nacional asegura en la nota que “la AGN corroboró las irregularidades denunciadas por mi parte ante la justicia y concluyó que ‘las falencias observadas en la ejecución del Programa generan debilidades en la gestión, lo cual afecta el uso eficaz, eficiente, equitativo y económico de los recursos públicos’, tal como lo denunciamos hace tres meses atrás”.

Asimismo, en la nota también expresa su preocupación ante las diversas irregularidades que ocurrieron y ocurren bajo la actual intervención del IPVyDU, haciendo referencia las denuncias por estafa que implican a personal del IPV, “siendo estas consecuencia directa de la arbitrariedad con la que el Interventor entrega el 10% de las viviendas a personas que no deben pasar un sorteo ni tienen la obligación de cumplir con los requisitos exigidos para la adjudicación de una vivienda social”, expresó.

Silvia Elías de Pérez, en la presentación, exhorta al gobernador Alperovich a intervenir en la “delicada situación” del IPV, la cual, según expresa, “pone en riesgo los sueños de miles de tucumanos que con tanto esfuerzo cumplen sus obligaciones para llegar al objetivo de la casa propia”, reclamándole finalmente que “no puede Usted permitir que las maniobras al margen de la ley cometidas en un ente autárquico intervenido, que actúa bajo su responsabilidad, desvirtúe el carácter social de las viviendas, maneje a discreción la normativa vigente y no responda antes los tucumanos por ninguna de estas acciones”.