Sobre algo más de un millar de efectivos que realizan patrullas urbanas, alrededor de un tercio se encuentran apostados en domicilios particulares de personas vinculadas con Alperovich, y en locales de sus múltiples comercios, inmobiliarias, constructoras, etc.

Desde 2003, cuando asumió el poder, las empresas del gobernador, de su familia directa, y de sus familiares políticos, allegados, testaferros y amigos, se ven liberadas de tener que pagar una custodia privada. Hay un centenar de objetivos -ubicados principalmente en Barrio Sur, Barrio Norte, el microcentro, Yerba Buena y Parque Guillermina- que son custodiados por la Policía. Teniendo en cuenta que se necesitan tres efectivos para poder vigilar las 24 horas, se llega a la cifra de 300 agentes dedicados a brindarle tranquilidad a la familia gobernante.

Estos efectivos, además, se ven obligados a realizar otros servicios, como hacer compras y mandados diversos para los Alperovich.

Mientras, el gobernador suele moverse por la provincia con una aparatosa comitiva que supera la veintena de efectivos. Su esposa también es acompañada habitualmente por dos o tres vehículos repletos de custodios.

Cuando se trata de los Alperovich, los efectivos son seleccionados cuidadosamente. No se les asignan jóvenes policías, recién ingresados o inexpertos. En Tucumán, la fuerza policial creció en los últimos años hasta casi 10.000 efectivos, pero las historias de robos, arrebatos y asaltos van “in crescendo”.

Es difícil encontrar alguna familia en la que alguno de sus miembros recientemente no haya sido víctima de un delito, con una excepción: el clan Alperovich-Rojkés.