La ley que votó la Legislatura para la expropiación de la planta fabril que UCAL tiene en Barranqueras prácticamente asegurado un veto por parte del Poder Ejecutivo, adelantó ayer el ministro de Economía, Eduardo Aguilar, que consideró “incomprensible” que los diputados hayan aprobado una norma semejante.
El ministro dijo que además ya explicó a los legisladores en persona que “el monto total de la deuda de UCAL, con deudas bancarias y honorarios, es de 29 millones de pesos, que se reduce a 9 millones en el marco del convenio con el Banco Nación. Son 9 millones que se pagan a 20 años, mientras que la otra alternativa es pagar 29 millones que hay que desembolsar de manera casi inmediata”.
Dispendio con plata ajena
Aguilar dijo no dudar que “si los diputados tuvieran que soportar esta expropiación con el presupuesto de la Cámara, claramente no la votarían”, y comentó que al hablar con los diputados expuso un informe del INTI que marca la desactualización tecnológica de la planta y mostró una nota firmada por la gran mayoría de los trabajadores de UCAL que apoyan la salida a través del fideicomiso.
“Los diputados quedaron sorprendidos, porque desconocían todo esto, y el diputado Castelán dijo que esto obligaba a estudiar más el tema. Después se abstuvo de votar, lo cual es rescatable. Pero me parece increíble la postura de Matkovich (presidente de la comisión en que se discutió el tema), que admitió que el tema ameritaba otros estudios, pero evidentemente al otro día tuvo otra orden y votó a favor de la expropiación”, indicó.
Además, dijo que “tampoco se hace una estimación de quién gestionaría la plata, cuál sería el financiamiento requerido para el capital de trabajo, de dónde saldría ese financiamiento, que es el problema recurrente de las cooperativas autogestionadas, con la dificultad de asistirlas porque no hay contra qué garantizar los préstamos que se puedan hacer”.
Luego comentó que se llegó en el gobierno a entablar contacto con una textil de Morón para que gestione a UCAL, “pero cuando fueron a ver el parque tecnológico nos dijeron que eso no era viable, como ya lo había dicho el INTI. Nosotros le ofrecimos a la Legislatura que tomaran contacto ellos mismos con estos hilanderos de punta, para que vieran ese diagnóstico, pero al final se deja de todo de lado”.
“La verdad es que no sé en función de qué hicieron su evaluación los diputados”, insistió, y recordó que el gobierno viene asistiendo a UCAL con 60.000 pesos mensuales para el pago de salarios de los trabajadores que están sin ocupación, por lo que dijo que tampoco se puede argumentar una urgencia social para justificar la expropiación.

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