Desde de la Casa de Gobierno informaron que se trata de un proyecto que apunta a modificar dos cuestiones básicas: el ámbito de competencia de las demandas contra el Estado y las notificaciones que se realicen en todos los casos de actuaciones judiciales en las que estén involucrados los intereses públicos o privados de la Provincia.

"La Función Ejecutiva ha considerado oportuno y necesario enviar este proyecto a la Cámara de Diputados para modificar algunos artículos del Código Procesal Civil. Estas modificaciones buscan generar un equilibrio, una igualdad entre las partes con el objetivo de proteger el derecho de defensa de los intereses del Estado", afirmó Luis Brizuela, secretario General y Legal de la Gobernación.

El funcionario comentó que el proyecto fue enviado a solicitud de la Fiscalía de Estado, organismo que tiene a su cargo la defensa de los intereses del Estado.

El ámbito de competencia

En lo que respecta al ámbito de competencia, el proyecto establece que en todas las demandas civiles que se presenten contra el Estado, la competencia será de los tribunales locales de la Capital.

Según indicó Brizuela, esta modificación tiende a reducir el gasto en lo que respecta a la designación de abogados para defender al Estado. "Esto apunta a que el Estado pueda defender sus derechos con el cuerpo de abogados que tiene sin generar el gasto mayor que implicaría designar muchísimos abogados para poner en todas las circunscripciones judiciales en donde se radican las demandas. Sería un gasto alarmante para el Estado porque hay cinco circunscripciones judiciales y habría que poner dos o tres abogados en cada una de ellas. Por eso estamos buscando evitar este gasto para estabilizar los ingresos", señaló el funcionario.

Brizuela explicó que se busca otorgar la competencia de demandas civiles contra el Estado a la Justicia de la Capital, "porque ese es el domicilio del Estado. Acá tiene su principal sede la Administración Pública y se busca así generar igualdad entre las partes", comentó.