Esta iniciativa, que el gobernador se comprometió a gestionar ante el gobierno nacional, tiene como objetivo principal la asistencia económica a las provincias para la implementación de programas concretos de mejoramiento del servicio de justicia. También se discutieron las asimetrías salariales entre el Chaco y otras provincias.

Dentro de las cuestiones abordadas en la reunión de esta mañana, la de mayor trascendencia fue la relativa a la gestión del fondo estructural de asistencia a las justicias provinciales. Esta iniciativa – que el gobernador se comprometió a gestionar ante el gobierno nacional- tiene como objetivo principal la asistencia económica a las provincias para la implementación de programas concretos de mejoramiento del servicio de justicia.

En ese marco también se incluyeron proyectos colaterales como la promoción de la ley de tasas diferenciadas para grandes usuarios. Lo que implicaría una aplicación impositiva de una reglamentación más ecuánime y equilibrada.

El otro proyecto sobre el que se acordaron acciones fue el relativo a la ampliación de la implementación de la justicia barrial y la justicia de paz (lega o letrada), apuntando a la consecución de procesos judiciales más accesibles para la población en general, que atiendan a la celeridad en la resolución de conflictos, utilizando la vasta experiencia de la justicia chaqueña en ese ámbito.

También se trabajó sobre la ley de mediación obligatoria para la justicia civil, que pretende lograr la disminución de conflictividad social y del número de causas que se reciben anualmente en la justicia. Se trata de la aplicación de procesos de justicia simplificada y de proximidad, proyecto que simplifica el trámite de las comúnmente denominadas pequeñas causas, muchas de las cuales hoy ven relegado su tratamiento, por su exiguo monto.