Tras darse el gusto de convertirse en el gobernador que más jueces nombró y que hasta pudo designar a uno de sus ministros como miembro de la Suprema Corte de Justicia, ahora Celso Jaque intentará darles más poder y competencias a los titulares de 21 juzgados.

Así, la nueva reforma judicial que pretende encarar el Ejecutivo, antes de las elecciones de octubre, es una vieja pretensión de la Corte y del propio mandatario para desplazar magistrados legos y dejar esas vacantes en manos de letrados.

El sistema actual, que hoy se utiliza en países como Cuba bajo el argumento que así son más populares, dejará de regir si pasa el filtro del Senado y quienes ocupen esos puestos serán abogados a los que se les sumarán facultades.

Esta misma intención ya fue bochada por la Cámara de Diputados hace más de un año, por lo que se espera que los pliegos también reciban alguna objeción en la Cámara alta. Sin embargo, esta vez Jaque los remite tal como los legisladores le pedían, para que sean elegidos sorteando el filtro del Senado y no a través de un proyecto de ley.

Sobre la fecha del envío de los pliegos aún no hay certeza, pero se sabe que será en los próximos días, cuando el Consejo de la Magistratura remita los expedientes completos de los aspirantes que integran las ternas.

La propuesta de la cúpula judicial cayó por tierra en junio del año pasado y pretendía descentralizar el servicio de manera que estas reparticiones legas -son las que están a cargo de jueces que no están recibidos de abogados y en su mayoría son de carrera judicial- pasaran a tener competencias sobre las mismas áreas que los juzgados letrados, es decir, aquellos cuyo titular ha sido elegido por concurso de antecedentes y pasando los mismos filtros que cualquier otro magistrado, además de quedar sometido a un Jury de Enjuiciamiento en caso de detectarse falencias en su accionar.

Carlos Quiroga Nanclares, subsecretario de Justicia del Ministerio de Gobierno, confirmó que se está trabajando en la elaboración de las ternas con el Consejo de la Magistratura. Una vez que estén listas, se enviarán al Ejecutivo para que el gobernador elija uno de cada categoría y lo remita al Senado, tal como establece el mecanismo institucional para cualquier juez. Por supuesto, estos deberán sortear la audiencia pública y todos los psicofísicos, al igual que los demás magistrados.

El principal escollo que encontró la Legislatura cuando rechazó la intención oficial fue que cobrarían lo mismo que un juez que entró por concurso cuando en realidad habían salteado el mecanismo porque la Corte y el Ejecutivo pretendieron introducirlo a través de un proyecto de ley.

Los legisladores entendían que esto supondría una forma demasiado sencilla de alcanzar la misma categoría que los otros jueces, que llegaron por concurso para ser magistrados y por eso pusieron el grito en el cielo.

Según la información publicada en la página web del ministerio público y que está regida por la Ley 7.854, un juez de Paz percibe una asignación de clase de 12.217,95 pesos, a los que se suma la antigüedad y a esto se le aplican los descuentos correspondientes a aporte jubilatorio, obra social y seguro mutual.

Los juzgados que ampliarían sus facultades si esta intención obtiene el visto bueno del Senado son los de Las Heras, Costa de Araujo, Uspallata, Villa Nueva, Chacras de Coria, Rodeo de la Cruz, Fray Luis Beltrán, Lavalle, Santa Rosa, La Dormida, Las Catitas, Palmira, Junín, La Paz, Tupungato, San Carlos, La Consulta, Real del Padre, Monte Comán, Bowen y Villa Atuel.

Quiroga Nanclares explicó que ésas son las únicas oficinas que quedan en la provincia sin equiparación y con esta modificación se pretende reforzar el sistema judicial en especial en zonas de difícil acceso.

Éste fue uno de los puntos criticados por el Colegio de Abogados y Escribanos de Mendoza teniendo en cuenta que los abogados deberán trasladarse a zonas alejadas para realizar las presentaciones.