El gobernador Beder Herrera presentó ayer el proyecto para reformar la Justicia Penal provincial, que el oficialismo ingresará hoy a la Cámara de Diputados.

La iniciativa contempla un paquete de 8 leyes, con la que el gobierno pretende impulsar un modelo distinto de administración judicial al que actualmente está vigente.

El mandatario provincial informó que se los proyectos comprenden la modificación del Código Procesal Penal de la provincia, el polémico Código de Contravenciones impuesto por la dictadura militar, las leyes Orgánicas de la Policía, la Función Judicial, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, la Creación del Centro de Acceso a la Justicia y la instauración del sistema de Juicios por Jurado.

Además próximamente el Ejecutivo enviará otros dos proyectos de ley de “Transitoriedad y Operatividad” que servirá para conducir el tiempo de transición que transcurra entre el sistema vigente y la nueva estructura, que el gobierno estima comprenderá entre 3 o 4 años.

Asimismo Beder Herrera adelantó que este paquete de normas se van a complementar posteriormente con leyes que avanzarán sobre el tema de la presencia de animales en la ruta y de la alcoholemia 0 en toda la provincia.

“Hace más de 10 años que estamos viajando a Chile y envidiando de los chilenos, el sistema procesal penal que tienen donde rápidamente se dictan las sentencias”, señaló el mandatario que confió en el consenso que alcanzarán las propuestas en los legisladores provinciales para que sean aprobadas en el menor tiempo posible.

Además el mandatario solicitó a los medios “dar difusión” a los proyectos e investigar en la materia para que los ciudadanos se informen sobre los nuevos procesos que buscan que la Justicia “se prestigie” ya que tienen como objetivo “llevar la Justicia a la gente”.

En este marco Beder Herrera también reconoció el trabajo que desarrollaron para confeccionar el proyecto el ministro de Gobierno, Claudio Saúl, los jueces y funcionarios de la Función Judicial, el Ministerio Público Fiscal y los aportes recibidos de la Universidad.

En el sistema que impulsa el gobierno, se modificará la participación del Juez de Instrucción y cobrará relevancia la figura del fiscal que tendrá a su cargo “la persecusión del delito”, e intervendrán también un juez de garantía, que resolverá la situación procesal de la persona, y un defensor.

“Es muy importante para las futuras generaciones”, señaló el mandatario provincial que destacó por sobre todas las cosas los nuevos plazos que tendrán los jueces para resolver en cada caso en el que intervengan.

En cuanto a los juicios por jurado, el mandatario provincial adelantó que se establecerán los casos en los que se habilitará este sistema porque no todas las causas se pueden resolver de esta manera.

Debate

Por su parte el ministro Saúl rescató la voluntad política del puesta de manifiesto en una modificación que consideró “integral y profunda” del servicio de Justicia provincial.

El funcionario dijo que el proyecto “no es la verdad definitiva” y que espera que se debata en profundidad y seriamente en la sociedad, aunque aclaró que no se van a tolerar “las críticas mediocres y vulgares” que vengan desde la “politiquería”.

“Este es nuestro humilde aporte. Es un proyecto que el gobernador ha enviado a la Cámara y que está abierto al debate profundo, responsable, constructivo, serio, para hablar de administración de justicia”, resaltó el ministro Saúl que indicó que la Cámara de Diputados, a través de las Comisiones respectivas, “se va a tomar los tiempos y va a realizar las consultas necesarias”.

“Esto es un trabajo serio, responsable y queremos de cara a la sociedad brindar una mejor administración de justicia”, enfatizó el titular de la cartera política que coordinó los aportes de diferentes áreas.

En la presentación del proyecto que se realizó en la tarde de ayer en la residencia oficial, acompañaron al gobernador el secretario de Seguridad Luis Angulo; el vocal segundo del Tribunal Superior de Justicia, Mario Emilio Pagotto; el fiscal general del Ministerio Público Fiscal, Hugo Montivero; el defensor general del Ministerio Público de la Defensa, Santiago Ríos; el vicepresidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Jorge Gamal Chamía; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Claudio Ana, y el vocal Luis Brizuela.