El proyecto elevado al Concejo Deliberante para su estudio, apunta al control de toda la nocturnidad pero particularmente a la generación de herramientas que garanticen el cumplimiento de la legislación provincial, nacional y supranacional protegiendo a niños, adolescentes y mujeres del flagelo de la explotación, la esclavitud sexual y la trata de personas.

Civale explicó que el punto de partida “es una firme voluntad del intendente de adecuar la norma municipal, que es muy antigua, para que vaya en sintonía con las legislaciones provincial y nacional recientemente actualizadas” y sobre los cabarets o clubes nocturnos adelantó: “Se van a definir nuevas categorías de establecimientos y se prohibirá la habilitación de estos locales”.

Sobre este punto recordó que “ese antiguo oficio no está prohibido pero sí la intermediación y explotación de los proxenetas; en ese gerenciamiento de la prostitución es donde se está generando un delito”.

Con respecto a los cabarets que ya están funcionando, “tendrán un plazo de 180 días para adecuarse a la nueva norma o cerrar definitivamente”.

La efectividad del proyecto para limitar actividades marginales vinculadas a la trata de personas choca con “las pocas herramientas con que cuenta el Municipio, por lo tanto es indispensable el compromiso de todos y en ese sentido exhortamos a los medios de comunicación a colaborar, limitando la publicidad de los locales conocidos como privados”, indicó el funcionario.

El proyecto del Ejecutivo que a partir de ahora se debatirá en el Concejo Deliberante, está “abierto los aportes que provengan de los ediles o de la comunidad y que puedan enriquecerlo”, puntualizó el contador.

ENTRAN EN VIGOR CONTROLES DE RECARGA DE PIEDRA

En otro orden, Civale comunicó que a partir de la promulgación e inminente publicación en el Boletín Oficial entra en vigencia la normativa que controla la recarga de piedra, una Ordenanza impulsada desde el gobierno como paso posterior a la Ley de Paisaje Protegido.

La recarga es “un viejo flagelo para el que no teníamos herramientas de fiscalización”. El titular de la cartera de Gobierno aseguró que ahora, con estas facultades en plena vigencia, el Ejecutivo comenzará a ejercer los controles a través de la Dirección de Inspección General.

Para la tarea se designó con dedicación exclusiva a Jorge Romero, un inspector de larga trayectoria y gran experiencia que “a partir de esta Ordenanza va a tener un poder de policía más amplio y efectivo”

En virtud de llevar adelante ese trabajo se requiere la colaboración de los vecinos, que podrán denunciar la actividad fuera de la ley llamando a los teléfonos 43-1656 y 1561-7874.