Habían aumentado la planta de personal efectivo para titularizar contratados de varias áreas. La Dirección Provincial de Vialidad es la más afectada: 135 empleados no podrán quedar permanentes en sus puestos el año que viene.
La medida afecta a la Defensoría del Pueblo, que aún conduce el futuro vocal de la Corte, Daniel Posse; al Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) y a la Dirección Provincial de Vialidad.
Esta última es la más perjudicada: 135 empleados transitorios no podrán pasar a planta permanente, en la categoría 8. "Se trata de personal temporario que está trabajando hace cuatro o cinco años en la institución y a los que queríamos darle estabilidad designándolos efectivos", explicó a LA GACETA el interventor Raúl Basilio.
El funcionario agregó que no se trataba de nuevos empleados y que a los actuales transitorios se les seguirá renovando el contrato cada seis meses. "No cambia en nada la situación existente. La gente lo mismo trabajará y se le pagará como en estos años", sostuvo, para minimizar la situación.
En el Ipacym se afectará a 10 empleados, que aspiraban a estar entre las categorías 22 a 18. Y en la Defensoría del Pueblo no se podrán cubrir los 20 cargos pedidos para el próximo año, con el agravante de también se vetaron distintas partidas, lo que reduce sus fondos en poco más de $ 500.000.
Los recortes en esta dependencia corresponden a Gastos de Personal ($ 250.000); de Servicios No Personales ($ 258.000) y de Bienes de Consumo ($ 34.000).
Mismo actor
El decreto de interposición del veto parcial lleva el número 4.505, y la decisión se fundamentó en que en la ley sancionada por la Legislatura se modificó el proyecto de Presupuesto remitido por el Gobierno en octubre. "Fue reemplazado por un texto que no contempla la creación de nuevos recursos genuinos para hacer frente al mayor gasto y no se efectuó la asignación de mayor crédito presupuestario para los cargos que se crearon por lo cual, en el caso de que se los cubra, el PE deberá realizar los ajustes correspondientes", dice la disposición firmada por el presidente subrogante de la Legislatura, Regino Amado, y por la ministra de Educación, Silvia Rojkés, a cargo interinamente del Ministerio de Economía en esos días.
La participación de Amado en el veto conlleva la particularidad de que fue él quien notificó al PE de la sanción de la Ley 8.383.
"El esfuerzo por lograr el equilibrio presupuestario exige el ejercicio de la facultad de vetar el proyecto sancionado por la Legislatura", se afirmó el pasado 21, al emitir el veto. Luego, esta decisión debió ser corregida por una deficiencia de forma con otra posterior, el decreto 4.507, ya que se había omitido consignar qué categorías se anulaban del Presupuesto 2011


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