El paradigma constitucional que caracteriza a la pena privativa de libertad en la Argentina fue y es sistemáticamente vulnerado por las propias autoridades gubernamentales y penitenciarias del país. Son contadas las cárceles federales y de Provincia que tienen instalaciones “sanas y limpias, para la seguridad y no el castigo de los reos detenidos en ellas”, tal como reza la carta magna nacional. Basta con ojear los informes del Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria, para encontrar todos los datos y estadísticas que sustentan y reafirman esta particularidad.

En claro distanciamiento con el contenido que imparte el artículo 18 de la Constitución Nacional, la cárcel ha resignificado su cometido y función, contradiciendo ese principio normativo. De un tiempo a esta parte, las penitenciarías no son más que espacios-depósito de ciudadanos que han incurrido en conductas “desviadas” contempladas y sancionadas por el Código Penal. Así, que la resociabilización y reeducación de los detenidos no constituye un derecho de los presos. Su acceso o prohibición dependerá de la directiva subjetiva de la autoridad de turno de tal o cual unidad.

Sin embargo, y como en todo campo, hay focos de resistencia y disputa para dar con el cumplimiento de los derechos humanos. Con más de 25 años de actividad en el Complejo Penitenciario Federal Nº1, el Centro Universitario de Devoto (CUD) se ha posicionado sin duda como una experiencia referente en materia educativa en contextos de encierro. No hay otro ejemplo de similares características en el mundo, según cuentan los docentes de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a cargo del Programa UBA 22. El CUD es un antecedente y un presente sin plagio, que vela por el cumplimiento del derecho a la educación.

Leandro Halperín, director de este plan, concedió una entrevista al programa Crítica Penal, que se emite todos los lunes de 21 a 23 por FM De la Azotea 88.7. Contó sobre la historia del Centro, sobre sus beneficios y dificultades y sobre los obstáculos que el propio SPF les interpone para no generar “gente pensante en las cárceles”, como dijo.

-¿Qué es el Programa UBA 22?

-Es un programa que se creó en 1985 por un acuerdo entre la UBA y el Ministerio de Justicia, a través del cual se le permite a las personas procesadas y/o condenadas que están alojadas en la cárcel de Devoto a comenzar o continuar con alguna de las carreras universitarias que dicta la UBA dentro del penal. Entre ellas, abogacía, psicología, sociología, ciencias económicas, filosofía y letras y cursos de computación.

De esto llevamos 25 años y más de 1300 alumnos recibidos. Además, hemos podido extender el programa a las cárceles de Ezeiza, número 3 y 31, de mujeres y varones. Y al complejo penitenciario Nº2, de Marcos Paz.

Pero Devoto es el corazón del programa UBA 22. Tiene un espacio de autogestión, aunque con problemas en la actualidad. Los estudiantes y los docentes intentan llevar de la manera más similar posible el proceso educativo que la universidad lleva en el medio libre también a los muros de la prisión.

-¿Es el CUD un espacio de libertad dentro del penal? ¿Es el lugar donde se adquieren las herramientas necesarias para alcanzar una reinserción social sin instancia de reincidencia?

-Si, porque el centro, además de brindar la posibilidad de consagrar un derecho como es el del acceso a la educación, ha ayudado a acceder a esas herramientas que sólo el conocimiento brinda; herramientas que permiten elegir con mayor libertad de qué manera poder calificar su vida.

Esta es una experiencia única en el mundo, que permite la reformulación de las relaciones del adentro con el afuera y además ha modificado también las formas en que las personas privadas de libertad defienden sus derechos intramuros. Hay que pensar que cosas que sucedían en la cárcel de Devoto, antes se resolvían con un motín o con una huelga de hambre y hoy se resuelven con un amparo o con un hábeas corpus.

Entonces, la transformación que el proceso educativo genera en estas personas también es fundamental para pensar el nivel de incidencia de estas herramientas en una sociedad pacífica.

Estos hombres y estas mujeres hacen un esfuerzo importante por poder burlar el abismo de lo inevitable, en un marco de autonomía y autogestión. Por eso que el proceso de aprendizaje es el más parecido al del exterior: cursan materias ahí adentro, van profesores ahí adentro, discuten los contenidos, se realizan charlas, se discute política, se vota. Es una unidad académica en chiquito

-¿Cómo nació el CUD?

- Los estudiantes solicitaron un espacio para poder construir aulas, espacios para que funcione la Universidad y tras una presentación el Servicio Penitenciario le contestó a las autoridades de la UBA. A la licenciada Marta Laferrier, primera directora del programa UBA 22, le dijeron que no contaban con presupuesto para poder hacer eso (por en CUD). Cuando Marta va y se lo cuenta a cinco o seis estudiantes, los estudiantes en vez de preocuparse y ponerse mal, se pusieron contentos. Es que como dijeron, las autoridades de la cárcel les habían dicho que no contaban con presupuesto y no que no podía ser. Por eso que se pusieron a trabajar. Empezaron a conseguir donaciones de particulares, aportes de profesores, de familiares y personalidades. Aprendieron oficios; albañilería, plomería, electricidad. Y mientras construían un espacio que hoy tiene cinco aulas, un aula magna, una biblioteca, cocina, comedor y un patio, iban dando sus primeras materias. Estudiaban entre cemento y maderas.

-Entonces, como dice uno de los estudiantes del Centro, en el documental “No ser Dios y cuidarlos”, el CUD nace de la rebeldía…

Claro. Nosotros tenemos una sociedad que es absolutamente hipócrita; se preocupa por el delito antes de que éste se cometa o cuando se comete para pedir por una rápida sanción. Y nos volvemos a preocupar de ellos, recién cuando vuelven al medio libre, estigmatizándolas y esperando que vuelvan a cometer otro delito para justificar una maquinaria totalmente perversa como es el sistema penitenciario. Pero no nos preocupa el mientras tanto, que es cuando cumplen la condena. Lo que se espera es que no puedan burlar el abismo de lo inevitable; que cuando salgan de la prisión vuelvan a delinquir.

Y las personas que deciden interferir en ese círculo pernicioso tienen que hacer un esfuerzo muy grande porque lamentablemente nuestro sistema penitenciario no colabora como para tener una nueva posibilidad, no colabora facilitando el acceso a herramientas que como el programa UBA 22 permite esa nueva posibilidad. Comprometerse con la educación en las cárceles es resistir a una determinada forma de concebir nuestro sistema penal que solo buscar castigar, estigmatizar y generar falsas identidades, en un complejo que es absolutamente permeable a estas cuestiones.

DENUNCIA

-En 2008 presentaron denuncias ante la Justicia Federal por las presuntas intenciones del SPF de desarticular el funcionamiento del CUD. ¿Qué fue lo que sucedió?

Una de las formas más utilizadas para intentar desarticular el espacio es el traslado compulsivo, principalmente de los estudiantes de derecho que son los que suelen presentar habeas corpus, o los de sociología, que por su formación cuestionan más cosas del sistema penitenciario. De manera intempestiva, inconsulta y sin fundamento alguno se desarticuló, por entonces, la asesoría jurídica del CUD y en Ezeiza hubo allanamientos producto de un tema que nada tenía que ver con el Centro Universitario. A dos años de la presentación, la justicia federal todavía no ha resuelto, aunque sin embargo, en diciembre de 2009, el Ministro de Justicia firmó una resolución (la 1275) en la cual asegura por escrito el derecho a permanecer en las unidades penitenciarias donde los estudiantes privados de su libertad estudien, salvo que medie orden judicial en contrario o que cometan una sanción grave.