La justicia actuó en un todo de acuerdo con la legislación vigente en el país y en Neuquén, que determina la obligatoriedad de la educación. En Argentina, hay muchos derechos que son  obligatorios, por lo que el Estado tiene más atribuciones que en otros países, que confían un poco más en la sabiduría de las decisiones individuales, y un poco menos en la infalibilidad del Estado.

Hay una fina ironía en la situación, si se considera que justo cuando se difundió la decisión de la Corte neuquina, había un paro docente, y las escuelas –la mayoría de ellas- no funcionaban. En ese preciso momento, la obligatoriedad de la educación que se falló para la nena, devenía en abstracto, habida cuenta que el mismo Estado que obliga, no podía garantizar esa prestación, ese servicio, ese derecho, ese formidable recurso que los neuquinos y argentinos en general despreciamos con la ignorancia como meta subconsciente.

El fiscal general de la Provincia, José Gerez, coincidió en una charla con este periodista que efectivamente, el debate que se da por el derecho a estudiar y su obligación determinada por las leyes en el caso de la nena, es el mismo debate que se da en cuanto al derecho y a las obligaciones cuando no hay escuelas por los paros del gremio ATEN o por alguna otra circunstancia.

En realidad, no hay discrepancias acerca del derecho superior que distingue a la educación por encima de otros. Sin embargo, la ironía del asunto en cuanto a las diferencias en la aplicación concreta de las leyes en el contexto del derecho, las libertades, las obligaciones y las garantías, es que aquí se presume que cobrar un mal sueldo es justificativo suficiente para violar en un arrebato combativo todas las nociones construidas por la sabiduría de los siglos, y reaccionar entonces con dureza ante la injusticia que condena a maestros (y otras ingratas profesiones) a penar por la vida con poco dinero en los bolsillos.

Se puede discutir si los maestros tienen que ganar igual o más, por ejemplo, que los diputados que hacen las leyes que después determinan qué pueden y qué no pueden hacer los maestros. Pero pensar que cobrar un mal sueldo habilita a dejar sin derecho a la educación a los niños, es una maldad manifiesta, una cobardía explícita, un argentinismo deplorable, del que participan tanto los maestros como el Estado que los cobija como empleados.

Los maestros, por encerrarse en consignas victimarias, por levantar permanentemente banderas mojadas en lágrimas que rápidamente se enjugan cuando el aumento salarial es concedido, y por creer que la dignidad se compra y se vende desde la comodidad de una carrera hacia la jubilación sin fantasmas de despidos o quiebras de por medio. El Estado, por amontonar plantas supernumerarias que intercambian cantidad por calidad, de manera que se multiplican salarios malos equivalentes a masas salariales astronómicas, con lo que cada ciudadano aporta a la educación mucho más que lo que efectivamente reciben sus hijos.