El anteproyecto regresó del Ejecutivo y empieza su tratamiento final en la Legislatura, donde ya se anticipan disidencias.
Este borrador fue remitido al Ejecutivo, y esta semana retorna a la Casa de las Leyes para que comience su tratamiento, primero en comisiones y luego en el recinto. La idea que tiene el Gobierno es que para el 11 de setiembre se obtenga la media sanción del Senado, y esta semana habrá plenario de tres comisiones de la Cámara Alta que abordarán las incorporaciones hechas por el Ejecutivo. El proyecto cuenta con 240 artículos, de los cuales, la mayor parte –cerca de 200– no se prestará a discusiones.
Daniel Vilches, senador del radicalismo y presidente de la Bicameral de Educación, anticipó que, respecto del tema evaluación, hay una mirada diferente a la del oficialismo, ya que la Unión Cívica Radical cree que debe existir un evaluador parcial, que los datos "estén en una vitrina" y que organismos externos, como Unicef o quienes realizan la evaluación internacional de alumnos (PISA) estén a cargo de esta tarea.
En este punto, la discusión se pondrá áspera con los legisladores del oficialismo, ya que, según confirmó la diputada Lorena Saponara, integrante también de la Comisión Bicameral de Educación, no están de acuerdo con esta posición. Saponara comentó que en el ámbito de la Dirección General de Escuelas (DGE) se está dando forma a una nueva unidad que tendrá en sus manos esta tarea y que se denomina Dirección de Evaluación de la Calidad Educativa.
"No debe ser alguien externo, debe estar dentro del sistema escolar", replicó la legisladora, quien añadió que, en la nueva propuesta de legislación, que se está analizando, se habla de medir el impacto que produce la educación, y que esto será objeto de trabajo de esta nueva dirección. "¿A qué llamamos calidad educativa?", se preguntó Saponara, para luego esbozar un inicio de respuesta a este planteo: "Es una transformación que lleva años". El otro tema que ya genera polémica y que requerirá de un debate extenso es el financiamiento.
La UCR presentará una propuesta alternativa a la que viene redactada. Hasta ahora, y adecuándose al esquema nacional, la idea es que el presupuesto para Educación sea de 6 por ciento del Producto Bruto Geográfico (PBG). El radicalismo cree que estos fondos no pueden estar sujetos al PBG, ya que considera que si se atraviesa una etapa de retroceso económico, cuando haya crisis debe haber más educación, no al revés. Por ello, Vilches adelantó que propondrán un esquema de financiamiento que no esté atado a una sola variable.
"Debe independizarse de la marcha económica", expresó este contador, quien agregó que podrían tomar una base como la que ha presentado el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), de que los recursos para educación de Mendoza alcancen 8 por ciento del PBG o no menos de 35 por ciento del presupuesto provincial. Otra idea es también blanquear en el presupuesto educativo lo que aporta el Estado provincial y lo que llega de fondos nacionales, que, en algunos casos, Vilches estima que son equiparables.
Sobre el financiamiento, Saponara no quiso entrar en una polémica profunda y precisó que se puede llegar a un mix de variables a tener en cuenta, avanzando un poco más en lo que hasta hoy sería respetar un piso de 6 por ciento del PBG. También sucede que a los legisladores del oficialismo se les hará difícil entusiasmarse con montos que a posteriori sean de difícil viabilidad, ya que a la actual gestión del gobernador Francisco Pérez le quedan aún tres años, y, de no cumplir con el financiamiento que establezca la futura ley, desde la oposición no les perdonarán este incumplimiento.
Desde el Partido Demócrata, Rómulo Leonardi, integrante de la Comisión Bicameral de Educación, precisó que no tienen una postura definitiva y que esperarán a que se escuchen los diferentes aportes para entrar en la discusión. Y en cuanto al financiamiento, desde su bloque ya han consensuado una idea. Los gansos exigirán que se establezca razonabilidad, que se supere 6 por ciento del PBG, pero que lo fundamental es que sea viable. "Podría ser un porcentaje entre 6 y 8 por ciento", ejemplificó.
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Responsabilidad
Los casos de violencia escolar, ya sea entre alumnos o de ellos hacia los docentes y viceversa, al igual que los daños que se producen sobre los bienes del Estado que hacen al funcionamiento educativo son los puntos por los que se ha pensado en que la nueva ley de educación refleje particularmente el tema de la responsabilidad. Este punto, según los integrantes de la Comisión Bicameral de Educación que fueron consultados, tiene que ver con un reclamo que excede la órbita legislativa y del Ejecutivo y que subraya que el Estado no puede ser el único responsable de todo en la gestión educativa y que se deben marcar las obligaciones de todos los actores involucrados: institución, docentes, alumnos y padres.
Así lo expresó el senador Daniel Vilches, quien apuntó a resguardar la figura del docente, como también a proteger la infraestructura educativa. Por su lado, la diputada Lorena Saponara anticipó que, para determinar formalmente el ámbito donde se sostendrá parte de esta responsabilidad, se creará la dirección de bienestar docente", la que será parte del organigrama de la Dirección General de Escuela. En esta estructura se trabajará sobre la valoración del docente, el apoyo a la vulnerabilidad, la pertenencia y la relación con la familia. "La escuela no es sólo de los gobiernos, es de todos, de la comunidad", remarcó Saponara.

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