El ministro de Educación de Chubut ratificó ayer que habrá descuentos para los trabajadores de la educación que adhieran el martes 19 de marzo al paro nacional convocado por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

“Nosotros ya planteamos que los paros que hubo en esta instancia de comienzo de actividad, más todas las acciones que estén fuera de contexto de los paros indicados como organización sindical, van a descuento”, indicó. Y estimó que el acatamiento será muy bajo ya que la medida nacional es convocada sólo por una de las líneas de la CTA.

Contrapuso que como provincia, Chubut está “fortalecida” en la situación salarial. Marcó la diferencia paritaria como base. Sostuvo que a nivel nacional el salario testigo docente es de $3.400 “y nosotros en la zona sur la provincia estamos en $4.200”.

El anuncio de descuentos sancionatorios no es ninguna novedad para la Regional Sur de ATECh, que ya adhirió tanto al paro programado para el 19 como a la jornada nacional de lucha prevista para mañana.

HISTORIA REPETIDA

Carlos Magno, titular de la Regional Sur expuso que el Gobierno provincial descuenta todos los paros, y que no lo admite pero lo hace por pura y exclusiva decisión política, ya que “ni siquiera refieren, jamás, algún elemento legal que los habilite a hacerlo”.

“Que justifique que descuentan porque no son medidas provinciales se contradice, porque han descontado incluso esas: el año pasado hubo devolución de los últimos paros descontados por un acuerdo político entre la conducción provincial del gremio y el mismo Zaffaroni, que nunca blanquearon en ningún documento paritario. Fue un acuerdo político entre ellos”, graficó Magno respecto de la operatoria.

Sostuvo también que la medida ministerial resulta ilegal, no sólo porque atenta contra un derecho constitucional de los trabajadores, sino porque pone en riesgo la seguridad alimentaria de las familias. “Si lo que se está planteando es que no se llega a la canasta básica, con el descuento se agrava esa seguridad alimentaria, y es uno de los fundamentos legales que tenemos los sindicatos para las presentaciones legales que hacemos ante la Justicia”, planteó.

En tal contexto, reiteró que una vez más la medida a tomar como gremio es la intimación, tanto al ministro como al gobernador, de que se abstengan de aplicar un eventual descuento como represalia ante una medida de fuerza que no ha sido declarada ilegal en ningún momento.

Bajo los mismos parámetros, Magno cuestionó la actitud pasiva del Poder Judicial, no sólo por su falta de intervención concreta ante los reclamos docentes por descuentos, sino además por no actuar de oficio cuando en casos como este, hay aviso previo de represalias.

“La Justicia no es ajena a las posiciones políticas y siempre en alguna de las instancias hemos sido perjudicados los trabajadores por la decisión de los jueces. En la mayoría de los casos perdimos las apelaciones (por la devolución de los descuentos). Sobre esto también debe hacerse responsable la Justicia en cuanto a la protección de las garantías constitucionales que dejan que se vulneren sin siquiera una actuación de oficio como le tocaría a cualquiera de los jueces”, cuestionó.