Autoridades del Consejo Provincial de Educación aseguraron ayer que, por el bloqueo de manifestantes docentes nucleados en la Asociación Docentes de Santa Cruz -ADOSAC-, peligra la liquidación de haberes del mes en curso no sólo para el personal docente, sino también para los agentes administrativos.

La vocal por el Ejecutivo Elsa Alonso señaló a ésa como “la consecuencia más grave” del accionar gremial tendiente a impedir la aplicación de Acuerdo 78 de cobertura de cargos y horas cátedra de docentes de paro, sino que además “dificulta otra serie de actividades que no tienen que ver con el conflicto gremial, sino con el funcionamiento del sistema educativo”.

Al respecto, mencionó la realización de trámites jubilatorios, de solicitud o renovación de carpetas médicas, pago a proveedores y de apertura de ofertas a licitaciones para adquisición de insumos, por citar sólo los trámites que ayer no se pudieron realizar, por una nueva manifestación, la segunda en quince días por un grupo que el organismo ubicó en un número de entre veinte y cincuenta manifestantes.

Alonso dijo que el CPE evalúa “como un hecho totalmente ilógico e ilegal este bloqueo, porque se impidió el ingreso a lugares de trabajo que son públicos y que afectan el desarrollo normal de esta institución”

Agregó la funcionaria que “en estos momentos en las Juntas de Clasificación también deberían hacerse ofrecimientos de los interinatos y suplencias que pueden producirse y lo mismo sucede en el Consejo Provincial de Educación, donde se demoran todas las actividades”.

Desmentida y cobertura

Por su parte, la vocal Irma Igor aclaró que “las suplencias se van a cubrir con otros docentes con títulos estatutarios y nunca con estudiantes del profesorado, porque no estamos en contra de los docentes que están en paro, sino que también tenemos que tener en cuenta la cobertura de otras licencias y esto no está siendo permitido”.

La funcionaria afirmó que el Acuerdo 78, ratificado por decreto provincial, “está en plena ejecución y avanzando con niveles que han cubierto cargos suplentes en distintos lugares”.

Igor ratificó la aspiración de la cartera educativa de que se encauce el conflicto docente y “que vuelvan los docentes a la escuela y los chicos a estudiar”, siempre por las vías de la Secretaría de Trabajo o de la Justicia, en referencia a la conciliación obligatoria y a la intimación a su acatamiento, respectivamente.

Añadió que el objetivo “es garantizar el derecho a la Educación y eso es lo que buscaba la sanción del Acuerdo 78, que tiene que ver con una medida que el Consejo debía tomar para darle cause al proceso de enseñanza y aprendizaje”.