“Se solicita el derecho a la educación y a la vez se está obstaculizando el derecho a ejercer este derecho”, dijo ayer la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, Marisa Oliva, al explicar su presentación en el Juzgado del Menor para realizar presentaciones por los tres establecimientos educativos de Río Gallegos que permanecen ocupados.

Por su parte, la asesora letrada de la Asociación Docentes de Santa Cruz, Raquel Coronel, evalúa los términos en los que responderá al pedido de declaración de ilegalidad del conflicto docente, del que tomó vista el martes 21.

Para la letrada, “esto forma parte de la artillería que el gobierno ha tirado contra el gremio” y que “es más de lo mismo, junto con el procesamiento de los maestros en Las Heras, la golpiza en 28 de Noviembre, la medida autosatisfactiva, aquellos padres instados a hacer amparo, las patotas que entraron al gremio”.

Para Coronel, “dentro de todo ese mismo paquete está la declaración de ilegalidad del conflicto, tratando siempre de amedrentar a todo el gremio docente, fundamentalmente a los trabajadores que están siguiendo una medida legítima, constitucional, como es el derecho a huelga, ante el incumplimiento de parte del gobierno, al que se instó más de 17 notas desde el 2 de agosto para que se siente a negociar, de acuerdo a una ley que hoy desconoce”.

“A raíz de eso, después se monta todo esto, más medidas coercitivas para que los trabajadores hagan lo que el gremio decida, no lo que se pueda decidir en una mesa democrática, mediante el diálogo que tanto pregona”.

En declaraciones formuladas por LU 12 Radio Río Gallegos, Coronel insistió en la posición gremial de que “la única solución está en sentarse a negociar en una mesa de diálogo, como corresponde a un sistema democrático, no en la vía judicial”.

Por el contrario, dijo, “si nosotros nos sentamos a dialogar, esto inmediatamente queda solucionado”, no obstante, advirtió que “el gobierno apuesta a acciones judiciales y de intimidación, pero nunca a una mesa de diálogo, sin condicionamientos, porque cada vez es ‘o aceptan esto o nada’, y eso no es negociación, es autoritarismo, y desde esa óptica no se construye”.

En cuanto a la respuesta judicial, dijo que seguirá la línea de las distintas apelaciones y que se basan en el incumplimiento por parte del gobierno provincial, porque explicó que “las leyes son para todos, no solamente para los docentes y aquellos que están bajo el poder del gobierno, sino que es al revés, el gobierno tiene que estar al servicio de todos los habitantes y es el que tiene que dar el ejemplo”.

De todas formas, ironizó Coronel, “ya sabemos que este gobierno tiene antecedentes de no cumplir una orden de la Corte Federal”, con lo cual reflexionó “qué puede hacer este gobierno ante los pedidos de un simple sindicato de docentes”.

La letrada aclaró más adelante que “no ha sido la ADOSAC la que judicializó este conflicto, sino el propio gobierno, que de acuerdo a su accionar no parece querer solucionar este conflicto, y en cambio pretende hacerlo además con un decretazo, y así no se solucionan los conflictos, sino desde el diálogo”.

También reflexionó Coronel que “acá los únicos perjudicados son los alumnos” y en este punto, adjudicó al Estado la responsabilidad de garantizar la educación, mientras que “los docentes son simples operadores profesionales del gobierno para materializarlo, y si el gobierno quiere solucionar el conflicto tiene que tomar todas las herramientas necesarias, que son el diálogo, porque así se construye y es el ejemplo que se le tiene que dar a los alumnos”.

Educación por escuelas tomadas

En declaraciones que difundió el portal caletense Voces y Apuntes, Oliva explicó, en relación a los establecimientos educativos de la ciudad capital que permanecen ocupados por alumnos, que “cumplimos con la primera etapa de dialogo a través del defensor del menor” y considerando que se tiene que cumplir con la ley, dijo “elevamos el acta a la oficina local” y a la vez “estamos convocando a los padres para darles a conocer cuáles son sus obligaciones como tutores y cuáles son las consecuencias ente la persistencia de las medidas”.

“Se está obstaculizando el derecho de otras personas que quieren estudiar y que quieren trabajar”, dijo, al cuestionar que “se solicita el derecho a la educación y a la vez se está obstaculizando el derecho a ejercer este derecho”, al mencionar que hay espacios en los que los docentes dictarían clases si los establecimientos no estuvieran ocupados.

Además sostuvo que los secundarios “tienen recursos humanos que podrían estar trabajando en otros temas”, al mencionar a modo de ejemplo la conformación de centros de estudiantes o charlas sobre educación sexual que “son temas para atrabajar en la escuela y están enmarcados en los objetivos”.

De igual modo, sobre el ciclo lectivo dijo que “nosotros creemos firmemente que lo podemos sacar adelante entre todos y en la medida en que podamos encontrar puntos de coincidencia, los objetivos podrán ser cumplidos, de una manera especial y distinta que no nos tiene que asustar”.