"Tenemos la responsabilidad de conducir 3.500 internos y 2.700 penitenciarios, y todos se deben sentir justamente tratados y reconocidos", enunciaron Eduardo Orellana y Milagros Noli, los nuevos directivos del Servicio Penitenciario que asumieron el martes pasado.

El director y sub directora, respectivamente, coincidieron con organismos de Derechos Humanos y el propio gobernador, con respecto a la vigencia del penal de Boulogne Sur Mer.

También hicieron un fuerte hincapié en la reeducación del personal penitenciario en materia de Derechos Humanos. Se mostraron preocupados por los problemas de hacinamiento en las cárceles mendocinas y destacaron la mejora en la situación provincial tras los últimos años oscuros, bajo la lupa de la Corte Interamericana.

-¿Cuáles serán los principales lineamientos en la nueva gestión?

Eduardo Orellana: Profundizar las mismas metas que nos pusimos en el 2011 cuando arrancamos, garantizando derechos básicos de las personas privadas de libertad, recuperando el espacioso ocioso con mayor educación, trabajo y espacios culturales. También mejorar el sistema de salud y atención en los penales. Lograr un mejor reclutamiento del personal penitenciario, profundizar la formación del personal, darle una identidad, que se sientan partícipes de estos nuevos parámetros.

- ¿Cómo está la situación con la Corte Interamericana?

Milagros Noli: A finales del 2010, la Corte entendió que la situación de extrema gravedad y urgencia cesó, pero que aún quedaba mucho por trabajar. Estas son políticas penitenciarias de protección de derechos.

- Con respecto a otras provincias, ¿en qué escalafón está Mendoza?

E.O.: Mendoza es el cuarto sistema penitenciario, luego del bonaersense, el Federal y Córdoba. Si tomamos en cuenta la relación de población y presos deberíamos estar abajo de Santa Fe, pero somos superiores y esto tiene muchas lecturas. A nivel Cuyo, Mendoza es tomada como guía a seguir lo cual es bastante difícil. Otras provincias en ámbitos menores nos están tomando en algunas cosas como camino a seguir.

- La curva de crecimiento sobre el hacinamiento de reclusos es alarmante, ¿qué opciones hay al respecto?

E.O.: Esperamos que esto no suceda. Haciendo un pronóstico de si van a estar más hacinadas, en un principio pareciese que sí. El hecho que las personas lleguen a los penales significa que hay una situación que lo motivó. Nosotros estamos al final de este recorrido. Seguimos dotando habilidad y conducta para que cuando egresen tengan mayor posibilidad de reinsertarse y no vuelvan. También se articulan políticas con el estado para que tengan más inclusión social. Otra cosa positiva es que se haya designado un juez de ejecución para que se cumpla con la pena.

- Pero hay otras medidas, como la Ley Petri, que endurecen las salidas de los reclusos...

E.O.: Me parece que fue hecha bajo situaciones que condicionaron su nacimiento. Veo un endurecimiento que le pone más presión a los penales. Pero ese es nuestro problema y responsabilidad.

M.N.: La veo como una ley que supone un endurecimiento grave en accesos a derechos de los internos. No vamos a solucionar la violencia común manteniendo a personas privadas de la libertad por más tiempo, restringiéndole la posibilidad de que justamente tengan una capacidad de reinserción progresiva. No es esa la manera. Disiento con la esencia y naturaleza de la ley.

- Organismos de Derechos Humanos y el propio gobernador han criticado al penal de Boulogne Sur Mer por su infraestructura. ¿Coinciden con esto?

E.O.: Es una cárcel del siglo pasado. En el momento que se construyo, hace 108 años, era un penal de avanzada. En su diseño, en sus materiales, ya cumplió. Pero no es tan sencillo como decir que lo tiramos y hacemos uno nuevo, hay personas que están adentro. Estamos permanentemente reparando pero finalmente no luce. Adhiero a que Boulogne Sur Mer tiene que desparecer, pero cuando esté la alternativa de dónde llevar a los presos

M.N.: Se está trabajando permanentemente en la reparación de los pabellones. La idea es siempre trabajar para mejorar las condiciones. El compromiso va en ese sentido, las condiciones de las personas tienen que ser dignas.

- Al momento de la acción, ¿en qué se van a reflejar los cambios?

E.O.: Mendoza fue pionera en la formación penitenciaria en el país en los años 70 y 80. Después tuvimos un vacío de formación en donde pasaron por escuelas de policía, un quincho del Tiro Federal o debajo de un árbol. Inauguramos la escuela de formación el año pasado, donde hoy se dan derechos humanos, constitucional, ejecución penal, psicología, perfiles. Estamos profesionalizando lentamente la carrera, no solamente con quienes vayan a ingresar sino con los que ya están.

M.N.: Un poco el desafío también es operar, tomar decisiones, implementar políticas penitenciarias. Entender que le único derecho del que están privado los internos es la libertad, no es el trabajo, la educación, la atención de salud adecuada, todo esos derechos tenemos que garantizarlos. Tenemos que ser capaces de reorientar la visión del Servicio Penitenciario para ver que no es un centro de clausura a donde llevamos las personas que no saben vivir en sociedad, que es el mensaje que se transmite históricamente. Esas personas han errado, tienen que pagar su deuda por el daño, pero esa pena está vinculada sólo con el derecho a la libertad personal.

- ¿Creen que Mendoza debería adherir a la Ley Penitenciaria Nacional?

E.O.: La ley nacional es de avanzada, el código de ejecución en la provincia es regresivo. No es una cuestión de mano dura o blanda, es de entender que todas las personas están transitoriamente en una prisión y su gran mayoría van a volver. A la violencia no podés responderle con violencia, es una espiral que sube y no termina en nada. En mi cargo de funcionario público puedo decir qué opino de la ley, pero las leyes deben tratarse en el ámbito que corresponde, no estamos nosotros para objetar. Tiene que existir equilibrio entre le interno y el penitenciario, cuando se habla de derechos es derechos para todos. El año pasado no tuvimos muerte violenta de internos y tuvimos cuatro suicidios de penitenciarios. Tenemos la responsabilidad de conducir 3.500 internos y 2700 penitenciarios, y todos se deben sentir justamente tratados y reconocidos.

M.N.: El año pasado se creó la defensoría del personal penitenciario, entonces una de las líneas es profundizar su capacidad de respuestas, dotarla de recursos humanos y materiales. Para que el penitenciario sienta un acompañamiento por parte de la institución.

- ¿Cómo se dio la transición de estar vinculada a la materia penitenciaria, pasar a Defensoría del Consumidor y ahora volver?

M.N.: Mi origen laboral siempre ha sido en el ámbito de problemáticas de Derechos Humanos. Esteve trabajando 3 años en el extranjero en la Comisión Interamerican. En el año 2012 estuve con la Subsecretaría de Justicia. Estuve durante un plazo ocupando un espacio político que es la Defensoría del Consumidor que es fundamental, no tiene que dejar de verse como espacio de protección de un sector que tiene vulnerabilidad. Tengo más afinidad con el espacio penitenciario, pero trabajé para restituir el derecho a la gente y evitar que se produzcan abusos en relaciones interpersonales.