Tras las elecciones del 23 de agosto, la polémica que se generó en torno a los 2.700 contratados del Concejo Deliberante -había trascendido que corría peligro el pago de sus haberes- motivó a algunos concejales de la oposición a solicitar mayor transparencia en el manejo de los fondos destinados al gasto político en el cuerpo legisferante municipal.

Así lo exigió la concejala Sandra Manzone, cuando fue consultada sobre si tenía conocimiento de que algunos ediles contaban con hasta 200 empleados temporarios. 

“Me parece que se tiene que transparentar esta situación. Porque yo me pregunto dónde están esos 200 empleados que dicen que tienen algunos concejales. En mi caso particular, debo decir que cuento con dos empleados adscriptos y con 12 trabajadores que me colaboran. Cada uno de ellos tiene un contrato con su respectiva categoría”, explicó Manzone. Y agregó: “lo que se debe discutir es cómo se transparenta este sistema”.

Respecto a la incertidumbre que se había generado ante rumores de que el municipio no pagaría a los contratados políticos, Manzone afirmó que los trabajadores “no deben ser” rehenes de la coyuntura política.

“Los empleados de bloques político no debe ser rehenes de estas situaciones. Habría que ver qué fue lo que pasó con el presupuesto municipal para que los empleados no tengan que estar en estado de zozobra, sobre ver si cobrarán o no. Y más aún cuando en octubre finaliza el mandato de varios concejales. El tema de los contratados políticos no pude seguir siendo una caja negra”, planteó la representante de Elisa Carrió en Tucumán.

El macrista Roberto Ávila, por su parte, expresó: “sería importante que haya un ordenamiento y que todos los concejales dispongan de igualdad de condiciones en la distribución de esos gastos políticos. Es necesario que haya una equidad en la cantidad de empleados que cada edil pueda contratar”. Según Ávila, la incertidumbre que se generó se produjo por la propia interna peronista.

El bussista Claudio Viña sostiene, a su vez, que el intendente Domingo Amaya utiliza de “chivo expiatorio” a los contratados del Concejo. “Luego de 11 años y 10 meses deduce Amaya que los empleados, secretarios y asesores de los concejales no reciben sueldos por sus tareas sino que constituyen gasto político. La falta de recursos, seguramente acrecentada por malas decisiones políticas, no debe tener como chivo expiatorio al personal contratado del concejo”, opinó el referente de Fuerza Republicana.