Quien mejor transparentó esta realidad fue la presidenta de la comisión de Transporte del Concejo Deliberante, Teresa Felipe de Heredia. “Les solicitamos (a los taxistas) que intenten hablar con el intendente (Domingo Amaya) ya que es él quien debe tomar una determinación final de vetar o aprobar cualquier resoluciones que nosotros tomemos”, afirmó Heredia en diálogo con la prensa.

De esta forma, la veterana concejala postergó la suba del precio del servicio hasta un pronunciamiento del propio Jefe municipal.

El objetivo de los ediles apunta a no ser los únicos que paguen el costo político de un posible incremento como ya sucedió en anteriores ocasiones con nuevos ajustes de precios de servicios de transporte sin el aval de Amaya. Un ejemplo claro de esto fueron las dos últimas subas de precio del boleto de colectivo que debieron ser promulgadas por el presidente del cuerpo, Ramón Santiago Cano, a cargo de la Intendencia, por la ausencia de Amaya.

En concreto, todo hace indicar que la bajada de bandera podría costar antes de fin de año 3 pesos, es decir 50 centavos más. En tanto, la ficha cada 100 metros treparía de 20 a 30 centavos.

Otro punto clave que los ediles pretenden resolver junto a la Intendencia es permitir la transferencia de licencias a través de una modificación de la ordenanza que regula el Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros (Sutrappa).

Los taxistas también reclaman otra prórroga del plazo para renovar las unidades de 14 años de antigüedad, la instalación de nuevas paradas tubo en el centro y un refuerzo en los controles para evitar que taxis de otras jurisdicciones que levanten pasajeros en la capital.