Los miembros del bloque radical en el Concejo Deliberante de Concepción denunciaron la existencia de presuntas irregularidades en el manejo de ejecuciones presupuestarias en el Municipio. Precisaron que una de esas imputaciones de fondos fue avalada por los concejales oficialistas en la escandalosa sesión en la que, por hacer críticas sobre el manejo de los recursos que envía la Nación, se había dispuesto expulsar del recinto al radical Carlos Olarte.

Olarte y su correligionario Eduardo Carrizo advirtieron que "la actitud de los oficialistas y del Contador General (interino), Sergio Muro, con acuerdo sólo del intendente Osvaldo Morelli resulta violatoria de la ley 5529 (orgánica de municipalidades).

Aseguraron que en su ciudad "se están rindiendo las ejecuciones presupuestarias del año 2013, en base al presupuesto 2012, cuando desde el 16 de enero del 2013 está aprobado el presupuesto de este año”. A continuación, plantearon que "el jueves 1 de agosto el Intendente remitió con su firma y la del Contador General del Municipio, la segunda ejecución presupuestaria, con el mismo error de la primera, es decir imputando los gastos del 2013 al presupuesto 2012".

Los opositores se preguntaron "¿qué pasó con la diferencia de 27.106.000 pesos que hay entre los presupuestos 2012 y 2013, de los cuales se deberían haber gastado la mitad?", tras lo cual señalaron que el cálculo de gastos y recursos del año pasado "fue de 141.190.000 pesos, contra los 168.296.000 de 2013". Además, aclararon que en esa cifra "no están incluidos los montos del plan Más Cerca, que la Presidenta mandó este año a los municipios y que el Gobernador destinó, en su mayoría, a obras que debería haberlas realizado la SAT con el capital que recauda por el servicio de agua y cloacas".

Olarte y Carrizo afirmaron que "no es sólo una cuestión de error de fechas, ya que en la primera ejecución presupuestaria que aprobaron los 9 oficialistas figura un ingreso del Fondo Soja de $0.00 (cero pesos)". En cambio, hicieron notar que la ley que instrumentó ese programa federal establece que "las provincias que adhieran a esta medida deberán establecer un régimen de reparto automático que derive a sus municipios las sumas correspondientes, en proporción semejante a lo que les destina de la coparticipación" y que "dicha proporcionalidad nunca significar un reparto inferior al 30 por ciento del total de los fondos que a la Provincia se destinen por su adhesión a esta norma". Por este motivo, aseveraron que "se convalidó una ejecución presupuestaria que estaría violando un decreto presidencial con fuerza de ley".

Los ediles radicales apuntaron que "esta situación, al ser repetitiva, nos obliga a pedir la renuncia del Contador General, a la vez de impulsar una auditoría externa para conocer fehacientemente el manejo de los fondos públicos. "No se puede tener un presupuesto oficial y uno 'blue', los números tienen que ser claros y las personas que los manejan más aún, para que podamos afirmar que tenemos Más Municipio, Más Patria pero a la vez Más Cerca del vecino en transparencia”, lanzaron.