El proyecto ingresó formalmente el viernes pasado, fue presentado por el concejal Roque Rueda (Partido Propuesta Salteña) y es una consecuencia de la exposición efectuada en el recinto por la secretaria general de la Municipalidad Estela Soto, durante la interpelación del 17 de setiembre último.

El pedido al intendente está formulado en los términos de los artículos 22 inciso i), 35 inciso i) y 79 de la Carta Orgánica Municipal.

Rueda considera que las manifestaciones de la secretaria general en la interpelación, no lograron despejar los serios cuestionamientos realizados por los concejales y oportunamente por los responsables de la Autoridad Metropolitana de Transporte, respecto del otorgamiento y transferencias de licencias de taxis y remises.

Entiende Rueda que la funcionaria no emitió justificaciones válidas respecto de varios aspectos normados en diferentes ordenanzas. Entre ellos indica el otorgamiento de licencias de taxis y remises en exceso de los cupos vigentes según Ordenanza 12.277, Resolución AMT 136/07 y Ordenanza 13.105; el otorgamiento de licencias por 25 años antigüedad cono Chofer (art. 113, Ordenanza 12.277) a personas que no reunían los años de ejercicio requeridos; el otorgamiento de licencias individuales sociales de remis, sin contar con el dictamen vinculante de la Comisión Especial prevista por Ordenanza 13.105.

"Si el intendente decidió ratificar en el cargo a la secretaria general debe explicar también el otorgamiento de licencias individuales y de carácter social a grupos familiares de parientes y de personas con idéntico domicilio, la autorización de más de doscientas transferencias de licencias individuales de remis que resultaban intransferibles según las normas vigentes y otorgamiento de licencias a postulantes, luego de la entrada en vigencia del Convenio suscripto con la Provincia, por el cual se delegaba esta tarea a dicho ámbito. Para Rueda "el cúmulo de incumplimientos normativos explícitos, sumado a las restantes comprobaciones efectuadas por la Autoridad Metropolitana de Transporte, compromete seriamente la transparencia y corrección que debe exigirse en el accionar del Estado".

Sostiene que "el responsable político de la administración comunal es el señor Intendente, quien ha confirmado en su cargo a la secretaria general, lo que significa ratificar los actos propios y los realizados por esa funcionaria, lo cual torna ineludible requerir al titular del Departamento Ejecutivo que efectúe ante el cuerpo el descargo que estime pertinente.

El proyecto podría ser incluido en el acta de labor parlamentaria de la próxima sesión y si toda la oposición coincide el proyecto podría aprobarse.