El reclamo es por el pago de diferencias de haberes como edil por el partido municipal Proyecto 2003, entre febrero de 2006 hasta que finalizó su mandato, en octubre de 2007. El monto calculado en la demanda ronda los $ 50.000, por el retroactivo reclamado a partir de un incremento generalizado de dietas que se otorgó en la provincia.

“Soy el único concejal que acciona judicialmente por este tema, ya que soy víctima de una persecución política porque nunca avalé la conducta de Fernández; de sometimiento y dependencia total al Poder Ejecutivo y, especialmente, al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, que es el verdadero hombre fuerte de Aguilares”, aseveró.

Sin acceso a las cuentas

El ex concejal Lezcano fustigó el ingreso de ese municipio al Pacto Social, lo que se concretó a fines del año pasado. “Cuando dejé la banca, había un superávit de $ 10 millones, por lo que era innecesaria la ayuda del PE. Toda la gestión está signada por irregularidades y no existe el acceso de los ciudadanos a las cuentas públicas”, señaló.