res peritos contratados por la Justicia le dieron la razón a la denuncia presentada en 2008: hay más de 80 edificios de departamentos y oficinas construidos en la ciudad de Salta que no cumplen con normas fundamentales de edificación.

La causa, que se inició ante la Procuración de la Provincia hace cinco años, ahora es tramitada en el Juzgado de Instrucción Formal de 5ª Nominación, que fue el que ordenó el peritaje para que se investigue las falencias denunciadas.

Los tres peritos -un arquitecto y dos ingenieros- que estudiaron edificios que datan desde el año 2003, observaron un alto nivel de incumplimiento por parte de los propietarios y profesionales intervinientes de las normativas necesarias para edificar en esta ciudad.

Las principales fallas encontradas apuntan a la falta del Estudios de Impacto Ambiental, el exceso de altura y peor aún, la ausencia de verificación de normas sísmicas.

Sorprende revisar el peritaje y encontrar que los profesionales intervinientes constataron, en el punto pericial donde el juez ordena determinar “si la Municipalidad o algún ente público ha realizado actuación, inspección, control o verificación del cumplimiento de las normas sismorresistentes”, respuestas del siguiente tipo: “No se encuentra en el expediente constancia de actuación alguna en relación al control o verificación del cumplimiento de las normas sismorresitentes”.

Un claro ejemplo es el edificio ubicado en la calle Alvarado al 600.

A un similar resultado llegaron los peritos para el caso de un edificio en la calle Pueyrredón al 1000, donde constataron que “no se encuentra en el expediente ningún documento que indique que se hayan presentado estudios de prefactibilidad de servicios de agua y cloacas”, tampoco el Estudio de Impacto Ambiental, y “las obras no se realizaron conforme a los planos autorizados”. Un error en el que caen decenas de edificios ubicados en el macrocentro, según consta en el trabajo de los peritos.

La proliferación de edificios en el micro y macrocentro durante el período 2003-2012 se realizó sin previa planificación de la ciudad, según la denuncia de la Red Sol que originó la investigación judicial.

El rol del municipio se mantuvo ausente, y eso es más que constatable, dado que no reaccionó ante el impacto que la construcción de viviendas multifamiliares, en propiedad horizontal, provocará en lo que respecta al volcamiento de efluentes a la red cloacal y al consumo de agua. En propiedades con instalaciones de servicios para una familia, hoy se construyen 20 departamentos que en el breve plazo podrían saturar las cloacas porque son redes que no fueron ampliadas.

“La Municipalidad dice que quiere una ciudad ordenada pero hace todo lo contrario. Tal es el caos que generó por no controlar la construcción de edificios que las consecuencias se van a ver, y mucho”, manifestó a El Tribuno, la presidente de la Fundación Red Sol, María Elena Jiménez.

La organización informó que las pericias ya fueron remitidas al Procurador de la Provincia con el fin de que intervenga para delimitar las responsabilidades penales de los profesionales. Las miradas apuntan a los ingenieros y arquitectos que tomaron parte en las distintas obras.

Por ello, distintos vecinos afectados por las construcciones que llaman “ilegales”, quieren crear un registro de acceso público donde figuren todos los edificios que violaron las normas. La idea de crear un registro público donde figure tanto el nombre y apellido de todos los profesionales como de los propietarios de los edificios busca dar a conocer a quienes participaron en las construcciones que fueron sometidas a peritaje. También advertir sobre los problemas que contienen las propiedades que adquieren los compradores. Aún hay propietarios que encuentran trabas para escriturar sus propiedades porque los edificios no fueron construidos bajo el cumplimiento de las normativas y en algunos casos, la Municipalidad no acepta el certificado final de obra. Pero varios se enteran tarde, luego de haber pagado las unidades.

En diálogo con El Tribuno, el presidente del Colegio de Profesionales Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines (Copaipa), Eduardo Laconi, sostuvo que “los edificios que pasan por Copaipa tienen cumplidos los requisitos, sino, no los aprobaríamos bajo ningún concepto”.

Pese al control que debe ejercer ese organismo en lo que respecta a la revisión de normas sísmicas, de seguridad y de electricidad, las fallas quedaron demostradas.

Interpelación y críticas al blanqueo

Un grupo de concejales capitalinos recordó que ya pidió la interpelación de la secretaria de Planeamiento Urbano, Fanny Velarde, por la construcción de edificios.

“Hubo negligencia de parte de todos los que permitieron que haya construcciones que violan las normas”, explicó a El Tribuno, el concejal Martín Pérez Estrada.

El edil consideró que la falta de control por parte del municipio permitió que cada construcción se realice sin consideración de las normas edilicias.

Tras la denuncia de la organización no gubernamental Red Sol Salta, volvieron las críticas contra el Régimen de Revisión, Registración y Regularización de Edificios que lanzó la Municipalidad de Salta a fines del año pasado con el fin de que todas aquellas obras que fueron construidas sin cumplir las normas de edificación puedan regularizar su situación a través del pago de una multa. Desde distintos sectores se apuntó con fuerza contra la norma que el Concejo Deliberante aprobó a pedido del Ejecutivo municipal. Con un plazo de seis meses desde su promulgación, a fines de junio la ordenanza caducará para los edificios, pues el plazo de vigencia era solo de 24 semanas. “Votamos en contra de esa medida. Se trató de un blanqueo de irregularidades cometidas por todos aquellos que construyeron violando las normas. Al que las cumplió, lo castigaron claro”, expresó Pérez Estrada. En el monto de las sanciones también se cuestionó la medida. Multas de $50.000 quedaron pequeñas para departamentos que llegan a valer hasta $400.000 dólares.

Serios futuros problemas

Actualmente, la planta depuradora de zona sudeste está colapsada. Solo tiene capacidad para tratar alrededor de 80 mil metros cúbicos por día, pero recibe casi 180 mil metros cúbicos diarios. Cada metro cúbico que recibe por encima de su capacidad, no lo puede tratar y lo desecha al río Arenales.

Aseguran que en las cloacas se verán las primeras consecuencias por la falta de control en las edificaciones