Entre diciembre de 2003 y abril de este año, el edificio de calle San Juan 730, en el que se vivieron situaciones de pánico el fin de semana pasado debido a los desperfectos en una caldera, registra 10 actas de infracción en la Municipalidad capitalina. Las irregularidades comenzaron en 2003 cuando ejecutó una demolición sin permiso, continuaron en 2005 al utilizar caños plásticos no permitidos para instalaciones eléctricas y terminaron esta semana por no contar con todos los matafuegos ni las luces de emergencia correspondientes. En el medio, se registran cuatro infracciones por no cumplir con las normas estipuladas para la seguridad de los ascensores, una por no solicitar el Final de Obra y otra por no pedir inspecciones obligatorias.

El edificio, propiedad de la empresa Leader House, no cuenta aún con el Final de Obra, situación por la cual no debería tener habilitado los servicios de luz y gas. Dicha norma fue incorporada en 2004 con la ordenanza N° 3.497. El servicio de gas fue instalado por Gasnor en julio de 2006, en tanto que el Certificado de Inspección Final de Defensa Civil -requisito indispensable para obtener el final de obra- fue emitido en agosto de 2012.

"No tengo conocimiento del por qué les habilitaron los servicios. Sí puedo decir que el grupo inversor al que pertenece la empresa propietaria del edificio (se refiere a la firma Eneas SRL) es una infractora recurrente. Cuando ellos comienzan a construir, nosotros sabemos que tenemos que afilar la vista", señaló Luis Lobo Chaklián, subsecretario de Planificación Urbana de la Municipalidad.

Según el funcionario, de un total aproximado de 60 empresas que construyen asiduamente en la capital, unas cuatro o cinco son "transgresoras compulsivas". "Hay ciertos grupos que, con estas acciones, comienzan a ser enemigos públicos, porque atentan contra la seguridad de los tucumanos", fustigó. LA GACETA se contactó con la empresa, pero un representante dijo que no iban a hacer declaraciones por el momento.

El concejal radical José Luis Avignone, quien en 2005 redactó una ordenanza para que los edificios sin Final de Obra paguen impuestos municipales a través de una cuenta tributaria, calcula que en ese año había en San Miguel de Tucumán unos 30 edificios en esa situación irregular. Hoy la Municipalidad no cuenta con un número exacto. "Sí podemos decir que en el área central hay 1.065 edificios en altura de los cuales 210 están en construcción. Y en toda la ciudad debe haber no menos de 1.500 propiedades horizontales de diferente envergadura", detalló Lobo Chaklián.

Los ascensores

El mantenimiento debe ser mensual y estar en manos de una empresa autorizada

Cuatro ordenanzas, un decreto y una resolución de Defensa Civil. Esas son las normas que rigen el funcionamiento y mantenimiento de los ascensores en los edificios en altura. "Sin embargo, progresivamente se fueron haciendo más blandos los controles municipales", advierte Fernando Guerrero, propietario de una firma especilizada. Todos los meses, una empresa autorizada debe realizar una limpieza general, lubricación, verificación de las cerraduras de cada piso y de los componentes electromecánicos. Cada seis meses, en tanto, se realizan pruebas más profundas, entre ellas el desgaste de cables de acero, límite de velocidad, activación del sistema de seguridad ante una caída libre y cinta de freno, entre otros. Según Guerrero, el costo de la revisión mensual de un equipo de 10 paradas cuesta entre $650 y $800, y la semestral $1.200. "Es seguridad para los usuarios, pero también es preservar el capital del edificio: un ascensor cuesta unos $200.000. Hay empresas que cobran $300, pero no hacen nada, entonces el gasto de reparación después puede alcanzar los $80.000", advierte. Guerrero afirma que le tocó ver ascensores en estados críticos y que, por ahorrar dinero, los consorcios miran para otro lado.