Un edificio que se construyó hace apenas siete años ya presenta peligro de derrumbe, y las doce familias que allí viven tienen que irse del lugar en un plazo máximo de diez días. Los inquilinos están buscando un nuevo hogar, aunque muchos demandarán a las inmobiliarias para que, en vez de un mes de gracia en el pago de alquiler, les paguen la multa por desalojo, ya que entienden que una de las partes está rompiendo las cláusulas del contrato de manera imprevista. Quienes compraron departamentos en esa propiedad horizontal evalúan si harán juicio a la empresa constructora o a la Municipalidad de Mendoza, ya que hasta ahora no se sabe a ciencia cierta si los graves problemas edilicios que presenta el edificio tienen que ver con falencias en el proceso de construcción o si se trata de un fallido estudio de suelo, ya que este presenta un proceso de hundimiento.

Se trata de un complejo cerrado ubicado en calle Rioja, entre Maipú y Ayacucho, de Ciudad. La parte frontal tiene problemas de humedad, y los 12 departamentos que están ubicado en la parte trasera del complejo ya están agrietados casi todos. De hecho, hace dos semanas, se rompió allí el caño de gas de una de las viviendas, y los vecinos pusieron el grito en el cielo y pidieron a la Comuna capitalina que tome cartas en el asunto.

“Es una locura. Este departamento lo alquilé hace tres años y jamás pensé que habría dificultades, porque es muy nuevo. Ahora nos tenemos que ir en menos de diez días, estamos desesperados buscando alternativas pero no es tan fácil encontrar un lugar, mudarse y pagar otro alquiler si se tiene en cuenta el depósito previo a la mudanza. Muchos de nosotros no contamos con ese dinero en el corto plazo”, comentó, indignada, una de las vecinas del complejo, que prefirió mantener su identidad en el anonimato.

En el edificio, según un estudio que realizaron técnicos en el lugar, se encontró “hundimiento de terreno, grietas graves y generalizadas y estructuras metálicas que han sufrido desplamiento diferencial en su exterior, con peligro de caída”.

De las doce familias que viven en el complejo situado en la Cuarta Sección, tres son propietarias. “Quizás hagamos un juicio a la empresa constructora, pero aún no sabemos cuál es. Nosotros compramos aquí, no construimos”, contó un dueño que se encuentra analizando los pasos que dará con sus abogados.

Desde el Municipio dieron un emplazamiento de diez días (a partir del 6 de setiembre) y se les pidió que “lo antes posible” contraten a un profesional que realice un informe técnico para ver cuál podría ser la solución definitiva. “Recién entonces, la Municipalidad evaluará ese informe para ver cuál es el problema. Si está cediendo el terreno, no es responsabilidad de la empresa constructora. Si hay algo peligroso, la Comuna emplaza. Pero, el proceso dependerá de la celeridad del consorcio y de los vecinos para actuar”, indicó ayer a El Sol gente de la Municipalidad de Capital.